Como integrante del Colegio de Abogados del Altiplano Tlaxcalteca A. C., trataré de aportar una visión general de lo que implicará la implementación de un sistema de oralidad en materia civil y familiar, el cual está a la vuelta de la esquina, pues corre la llamada “vacatio legis”.

En un intento por unificar y simplificar la actividad jurisdiccional, el 7 de junio del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, estableciendo como fecha límite para el inicio de su vigencia el 1 de abril de 2027.

Con la aprobación y publicación de dicha ley, se busca establecer un nuevo sistema de justicia, acorde con el respeto a los Derechos Humanos, reconocidos en la Constitución, así como en los Tratados Internacionales de los que México es parte.

Los principios rectores de este nuevo procedimiento en materia civil y familiar son: el acceso a la justicia, concentración, colaboración, continuidad, contradicción, dirección procesal, igualdad procesal, inmediación, interés superior de la niñez, impulso procesal, lealtad procesal, litis abierta, oralidad, perspectiva de género, preclusión, privacidad y publicidad.

Conforme a lo anterior, los Poderes judiciales de cada localidad cuentan con un periodo de cuatro años para implementar este nuevo sistema de justicia. Esta situación conlleva una serie de implicaciones, retos y esfuerzos para las instituciones judiciales.

En primer lugar debe de considerarse el cambio cultural: La implementación de un nuevo sistema de justicia a menudo requiere un cambio cultural tanto en el personal judicial como en la sociedad en general. Puede ser necesario cambiar la mentalidad de los jueces, abogados, fiscales y otros actores del sistema para adaptarse a los nuevos procedimientos y enfoques.

Así mismo los poderes judiciales de los Estados, deben proporcionar capacitación y formación adecuada a todos los miembros del sistema judicial para que comprendan y apliquen correctamente las nuevas normas y prácticas.

Por otro lado la implementación de un nuevo sistema de justicia puede requerir inversiones significativas en tecnología, infraestructura y recursos humanos. La falta de recursos adecuados puede obstaculizar el proceso.

Respecto al área legislativa, la implementación de este nuevo sistema de justicia, forzosamente implicará la atención de los Congresos Estatales, quienes tendrán el enorme

reto de armonizar la legislación actual de sus Entidades Federativas, debiendo en algunos casos, modificar completamente el marco jurídico con el que se actúa, esto porque mucha de la legislación secundaria que existe remite a los Códigos de Procedimientos Civiles y Familiares de los Estados.

De igual manera el nuevo sistema puede afectar la gestión de casos, los plazos procesales y la carga de trabajo de los tribunales. La gestión eficiente de los recursos y la reducción de la congestión judicial son desafíos importantes.

En el presente asunto, es importante involucrar a la sociedad civil y a grupos de interés en el proceso de implementación para asegurar que se tengan en cuenta sus perspectivas y preocupaciones.

Una vez implementado el nuevo sistema, es esencial llevar a cabo una evaluación continua y un seguimiento para identificar problemas y realizar ajustes necesarios.

Por último, las instituciones judiciales deben esforzarse por informar y educar al público sobre los cambios en el sistema de justicia para fomentar la comprensión y la confianza en el nuevo sistema.

En resumen, la implementación de un nuevo sistema de justicia es un proceso complejo que implica múltiples desafíos, desde cambios culturales hasta la asignación de recursos y la gestión del tiempo. La planificación cuidadosa, la capacitación adecuada y la participación de todas las partes interesadas son clave para superar estos desafíos y lograr una transición exitosa hacia el nuevo sistema.

Tanto los Congresos Estatales, como los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, deberán comenzar a tomar cartas en el asunto, a efecto de evitar llegar a la fecha límite sin una implementación completa del sistema de justicia, y para evitar también tener que recurrir a solicitar prórrogas que los justiciables no están dispuestos a conceder.