13 / Sep / 2021 | Opinión

Desde la niñez, construir ciudadanía

Mujeres En Consenso

Las niñas, niños y adolescentes son titulares de diversos derechos, entre ellos destaca su derecho a participar, por lo que es pertinente impulsar espacios seguros, dónde su voz sea escuchada, atendida y tomada como hoja de ruta para hacer frente a las problemáticas que enfrentan. Es importante que, desde la niñez, generemos condiciones para construir una ciudadanía propositiva, reflexiva, corresponsable y exigente.
En ese sentido, destaca la Consulta Nacional “Nuestra voz en la pandemia” #NiñezXLaNiñez, impulsada a nivel nacional por World Vision Mexico, y por más de 80 instituciones de todo México, tanto de gobierno como de sociedad civil, y, desde Tlaxcala, por Mujeres en Consenso, que busca la participación de niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, para que puedan compartir sus visiones y saberes en tres temas fundamentales:

  1. Educación para todas y todos en la pandemia.
  2. Una niñez libre de violencia
  3. Trabajo infantil
    Esta convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 17 de septiembre, a través de la plataforma www.ninezlibredeviolencia.org/consultanacionalnna, donde podrán responder un cuestionario o bien, a través de un dibujo o por medio de una escrito con recomendaciones, ideas y propuestas.
    Las propuestas de las niñas, niños y adolescentes se harán llegar a las autoridades, mismas que se sumarán a los esfuerzos de un regreso a clases seguro, a la protección de la niñez y a la prevención del trabajo infantil a nivel nacional y local.
    Esta Convocatoria representa un buen ejercicio de participación ciudadana, por ello agradeceos la generosidad del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP Tlaxcala) para su difusión en sus redes sociales.
    En el marco de esta consulta es pertinente recordar que el 21 de septiembre de 1990, el Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, asumiendo el compromiso de armonizar sus leyes, políticas públicas y actuación con las normas de dicha Convención y en 1995, se adhirió a la enmienda de este documento que es pieza angular en la protección de la niñez en el mundo. También, adoptó el Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados y el Protocolo Facultativo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, en el año 2000.
    Gracias a las reformas de los años 2000 y 2011 se elevaron a rango constitucional los derechos de la niñez mexicana, con el propósito de garantizarlos y protegerlos. Así, por mandato constitucional se reconoce el principio de interés superior de la niñez, mismo que debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y que las niñas y niños; y se establece la obligación de garantizar de manera plena sus derechos y la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
    En concordancia con estas reformas constitucionales en el año 2000 se creó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, misma que en 2014 fue abrogada para crear la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) .
    En esta ley se reconoce la titularidad de derechos de las niñas, niños y adolescentes de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y la responsabilidad del Estado de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados (artículo 1°) y se establece que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector (artículo 2°).
    En el artículo 6° de esta ley, se encuentran como principios rectores: I. El interés superior de la niñez; II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales; III. La igualdad sustantiva; IV. La no discriminación; V. La inclusión; XII. El principio pro persona y, XIII. El acceso a una vida libre de violencia.
    Por otro lado, el artículo 13 de la misma ley, establece que los derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, son los siguientes:
    I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;
    II. Derecho de prioridad;
    III. Derecho a la identidad;
    IV. Derecho a vivir en familia;
    V. Derecho a la igualdad sustantiva;
    VI. Derecho a no ser discriminado;
    VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;
    VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;
    IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;
    X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;
    XI. Derecho a la educación;
    XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;
    XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;
    XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;
    XV. Derecho de participación;
    XVI. Derecho de asociación y reunión;
    XVII. Derecho a la intimidad;
    XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;
    XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y
    XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación. Fracción reformada DOF 20-06-2018
    Todos estos datos son relevantes porque dan evidencia de que nuestro país tiene una pujante legislación pro derechos de niñas, niñas y adolescentes. En blanco y negro, se salvaguarda la integridad de esta población, contrastando con las terribles cifras que nos hablan de desigualdad, violencias y un contexto nacional que pone en constante riesgo su vida y vulnera su seguridad física y emocional.
    Algunos datos reveladores son:
    • El INMUJERES ha comunicado que, de la información provista por 26 entidades federativas, fueron identificados 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio entre enero y diciembre de 2019.
    • La Secretaría de Gobernación ha informado, que en lo que respecta al embarazo adolescente se han registrado más de 370 mil nacimientos de madres adolescentes y que, de ellos, más de 8 mil son bebes de niñas menores de 14 años.
    • La misma dependencia ha revelado que en el contexto de la pandemia por Covid-19 se han incrementado en un 24% las carpetas de investigación por violencia familiar; qué el 81.6% de víctimas de lesiones por violencia en el hogar fueron niñas, niños y adolescentes mujeres.
    • Además, que se ha incrementado en un 12% el número de suicidios de menores entre 2019 y 2020.
    • La Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), ha revelado que más del 90% de las carpetas de investigación por violencia en contra de niñas, niños y adolescentes no se resuelve; además, de enero a mayo de este 2021 han sido asesinados en México con armas de fuego 340 menores de edad. También se indica que, en promedio, se registra diariamente hasta tres homicidios dolosos de menores de edad.
    En Tlaxcala, las cifras también son abrumadoras, pues según el Diagnóstico sobre la situación del abuso sexual infantil en un contexto de violencia hacia la infancia en México, los estados que concentraron la mayor cantidad de egresos hospitalarios por Abuso Sexual Infantil fueron Tlaxcala y Querétaro.
    Por otro lado, de acuerdo con los indicadores presentados por el Proyecto Alumbra:
    • En 2019, 29 mil 376 niñas, niños y adolescentes, de entre 12 y 17 años, fueron víctimas de ciberacoso.
    • De acuerdo a la Encuesta de Víctimas en 2016 se registraron 41 mil 409 casos de mujeres menores de 15 años de edad que sufrió alguna forma de violencia sexual; y, 26 mil 881 sufrieron alguna forma de violencia sexual en grado severo.
    Si las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de prioridad (es decir, que sus derechos tienen el más alto nivel de responsabilidad política de la autoridades, todas, tanto de los tres Poderes del Estado, como de los ámbitos federal, estatal, y municipal, quienes tienen que asegurar prioridad en cuanto a su protección y socorro ante cualquier eventualidad, así como ser atendidos antes que cualquier adulto en todos los servicios), es necesario preguntarnos sobre las muchas omisiones y negligencias que deben ser corregidas y superadas para hacer que México y Tlaxcala sean lugares seguro en que las niñas, niños y adolescentes ejerzan sus derechos con plenitud y libres de violencia.
    Pero para ello, también debemos superar la visión adultocentrista y escuchar a todas esas voces inocentes, curiosas y creativas que tienen mucho que decirnos, que enseñarnos y que guiarnos; este es un buen momento para preguntarnos qué queremos dejarles como legado y cimentar, junto a ellas y ellos, mensajes de inclusión, igualdad, respeto a los derechos humanos, sororidad y solidaridad, para hacer de este mundo un lugar de todos y para todos.

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