Han pasado 5 años de la desaparición de la niña Karla Romero Tezmol y las autoridades estatales, encabezadas por el aún gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, no hicieron lo necesario para atender éste y otros casos más que lastiman a niñas, adolescentes, mujeres y sus familias y no reconocieron la violencia feminicida que permea en esos casos.
Lo anterior lo expuso Miriam Pascual Jiménez, abogada especialista en Derechos Humanos de las Mujeres, activista en la búsqueda de niñas y mujeres, integrante de la Asociación Nacional de Abogadas y Abogados Democráticos, entre otros, quien ha seguido el caso de la niña Karla Romero y participó en el foro de análisis “Tlaxcala no está en paz”, presentado por organizaciones feministas.
La activista señaló que, el fenómeno de la desaparición en Tlaxcala sigue con distintas deudas por parte de las autoridades, no sólo con la sociedad tlaxcalteca, sino con las mujeres, mencionó que una alerta de violencia de género es un mecanismo qué puede abonar al respeto de los derechos de las víctimas y su declaratoria implica una serie de medidas que deben subsanar estas deudas.
Describió varias de las dudas que deja el gobernador del estado, quien se va sin atender a las víctimas y sus familias, a pesar de que desde el inicio de su gestión le solicitaron audiencia “y también se va con una deuda muy grande respecto al cumplimiento de la recomendación 83/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la primera que se establece por parte de una instancia federal en materia de desaparición con enfoque de género en favor de la niñez”.
Dicha recomendación, explicó, es una guía para que Tlaxcala logre implementar medidas correctas en casos de desaparición, no revictimizantes contra las víctimas, por desgracia Karla sigue desaparecida y su familia ha visto una discriminación sistemática por parte de los dos últimos períodos de gobierno en el estado”.
Otro pendiente que enumeró es la aplicación del protocolo Alba que es el reflejo de estándares internacionales en materia de búsqueda que puede hacer una diferencia, “pues en materia de desaparición al nivel nacional, tenemos que la edad de desaparición de las mujeres está entre los 15 y 19 años”.
Como parte de los análisis que han hecho respecto a las cifras la Comisión Nacional de búsqueda, encontraron que, de las personas desaparecidas en el país, las que son menores de edad, niñas y niños, las de mayor riesgo tienen entre 13 y 17 años, de estas víctimas, el 62 % son menores de 18 años.
Esa situación, expuso, implicaría la obligación, por parte del gobierno del estado y de todos los gobiernos de todos los estados, reconocer la desaparición como parte de las violencias feminicidas que llevan consigo otras series de violencias como es el feminicidio, la violencia sexual, incluso la misma violencia familiar que se encuentra vinculada a este tema de la desaparición.
Una deuda más es con las familias de las víctimas, “es importante señalar que en el grupo de trabajo de la alerta de género 08/2016 ya había mencionado que en Tlaxcala existen redes de trata que operan, tanto a nivel nacional como transnacional, y el poder atender los casos de desaparición con un enfoque de género, con el interés superior de la niñez, debería tener repercusiones, ya que las redes de trata que se encuentran en esta entidad, tienen alcances en este negocio ilícito que es la trata de personas con fines de explotación sexual, nacionales y transnacionales”.
Señaló que los procedimientos en casos de desaparición en el estado de Tlaxcala tienen diversas deficiencias, pues no se considera que haya situaciones de riesgo, también hay confusión entre las acciones de búsqueda y las acciones de investigación “y es un error que ha cometido el gobierno del Estado supeditando el tema de la investigación como en el caso de Karla que no habido investigación, sólo la que hizo la procuraduría fue en mayo de 2016 teniendo que federalizar el caso y a nivel Federal incluso ha habido distintas ausencias lo tanto hacemos un llamado también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese sentido”.
“Está la ausencia de garantías de no repetición las y los servidores públicos que obstaculizaron la investigación de Karla Romero Tezmol, quienes continúan como servidoras y servidores públicos y esto no sólo no genera una situación de obstaculizar el acceso a la justicia, sino que no garantiza que se erradiquen este tipo de prácticas y continúe la revictimización hacia casos similares como el mencionado”, refirió.
Por tales motivos, llamó a hacer un llamado para establecer una Comisión Estatal de Atención a las Víctima que sea acorde al contexto y a las necesidades de las víctimas y que puedan reparar el daño para familias de niñas y adolescentes desaparecidas en este estado, un llamado a combatir la impunidad y que la violencia feminicida sea reconocida también en el fenómeno de la desaparición, para poder establecer medidas afirmativas, garantías de no repetición que puedan tener un impacto a corto y mediano plazo en la vida y la libertad de las mujeres en el estado de Tlaxcala.