A través de un comunicado, las organizaciones de la sociedad civil Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. y la Coordinadora por un Atoyac con Vida, manifestaron nuestra preocupación y reprobaron “la represión perpetrada por agentes del Estado hacia integrantes de comunidades del municipio de Calpulalpan, quienes se manifestaron el 8 de mayo, ante la falta de acceso al agua potable que han sufrido desde hace un año, siendo un derecho humano básico que les está siendo violentado”.

Refieren que, de acuerdo con la información que han obtenido, las y los manifestantes fueron reprimidos cuando bloquearon la carretera México-Veracruz, exigiendo su derecho al acceso al agua. 

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, “esparciendo gases lacrimógenos, amenazando, dispersando y posteriormente se registraron, en video, detonaciones de armas de fuego, de acuerdo con la descripción, personas del lugar externaron que resultó gente herida”.

La información da cuenta de que los manifestantes pretendían entablar un diálogo con el presidente municipal de Calpulalpan, Édgar Peña Nájera, quien nunca se presentó, aunque anunció que llegaría  al lugar.

Los organismos de la sociedad civil reiteró que fue un excesivo uso de la fuerza que contraviene los lineamientos de la actuación policiaca, determinados por instrumentos internacionales de derechos humanos; una evidente represión ante el derecho a manifestarse; y un claro problema en cuanto a la garantía del derecho humano al agua en la región desde hace un año.

Por lo que, exigen “la inmediata resolución del problema de fondo por parte de los gobiernos estatal y municipal, es decir, la garantía del acceso al agua, a la población de Calpulalpan, el alto inmediato a cualquier acto de represión, el deslinde de responsabilidades y sanción ante el uso desproporcionado de la fuerza policiaca y la represión perpetrada por el gobierno estatal contra la población”.

Además, manifestaron que estarán atentas a lo que ocurra en esa problemática y se solidarizan con la población de Calpulalpan, y demandan  al gobierno “lo elemental dentro de un Estado de Derecho: respeto y garantía de los derechos humanos colectivos e individuales”.