La titular del Poder Ejecutivo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, se sumó a los 17 gobernadores, gobernadoras y la jefa de gobierno de la Ciudad de México que rechazan la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer la consulta de ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador

Por tanto, solicitó a las y los consejeros del INE reconsiderar la determinación, pues frenan el ejercicio de democracia participativa que debe privar entre la ciudadanía.

A través de un documento publicado este domingo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las y los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Zacatecas y Tlaxcala, rechazaron los argumentos del INE para posponer la consulta de revocación

En el pronunciamiento, los 18 gobernadores, gobernadoras y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, plasmaron estar a favor de garantizar los derechos para una democracia participativa y en contra de la resolución del INE que los limita.

En la misiva también destacaron que la decisión del INE va en contra de lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y atenta contra los derechos políticos de la ciudadanía.

“La lucha por la democracia participativa tiene muchos años y tiene implicaciones que van más allá de quienes hoy ostentamos un cargo público, lo que está en juego no es el resultado de una consulta en específico, lo que está en juego es si las mexicanas y mexicanos tenemos el derecho a ser tomados en cuenta para las decisiones trascendentales de nuestra patria”.

El mensaje refiere que las y los consejeros del INE deben reconsiderar la decisión, con una perspectiva garantista en favor de la democracia participativa y de un compromiso con el pueblo y la democracia.

Con los principios y valores que rigen la Cuarta Transformación, Cuéllar Cisneros ratificó su total respaldo a la petición a favor de la defensa de los derechos que ciudadanos y ciudadanas tienen consagrados en la Constitución para la participación activa en la construcción democrática.