Isabel, septuagenaria, guardiana del río Atoyac, afluente que hace 10 años arrebató la vida a su hija; ha sido discriminada desde entonces por convertirse en defensora de derechos humanos, al levantar la voz para que el afluente sea saneado.
Originaria de Tepetitla, municipio ubicado al sur del estado Tlaxcala, en el Altiplano Central Mexicano; siempre ha vivido cerca del río Atoyac, es testigo fiel de la transformación de este afluente.
Isabel evoca su niñez y juventud, cuando el río era transparente y dador de vida; con su padre iba a pescar, y a lado de su madre recolectaba “carpa blanca, roja, y plateada, acociles, tempolocates; había flores de calabaza, huevos de pato, gorriones, calandrias… comíamos lo que ahí se producía, col, lechuga, maíz, frijol… había vida, el agua transparente arrullaba con su canto”.
Hoy, el Atoyac arrastra vidas y lleva muerte, Isabel entristece al recodar a Zulema, la mayor de sus tres hijas, quien murió a consecuencia del cáncer, leucemia mieloide crónica, padecimiento que, asegura, fue provocado por la contaminación del río Atoyac, así se lo dijeron especialistas del Instituto Nacional de Cancerología.
Zulema, contaba con 35 años de edad, graduada en Educación Especial, quien con valentía enfrentó su enfermedad y pidió a su madre que permitiera a los médicos le hicieran estudios, para ayudar a las generaciones venideras.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Cuenca Alto-Atoyac, cubre una superficie de 2 mil 32 km2, llega parcial o totalmente a 51 de los 60 municipios de Tlaxcala, entre ellos, Apizaco, Yauhquemehcan, Ixtacuixtla, Santa Cruz Tlaxcala, Amaxac, Apetatitlán, Tlaxcala, Totolac, Contla, Chiautempan y Tepetitla.
El caudal del Atoyac converge con los ríos Zahuapan y Alseseca, y atraviesa los estados de Tlaxcala y Puebla, donde desde hace más de 40 años se ha asentado un complejo industrial que detonó el crecimiento demográfico.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) han identificado más de 20 mil 400 empresas industriales, la mayoría vierte sus aguas residuales, sin tratar, en los afluentes, sin respetar leyes, ni normas, provocando una grave contaminación, misma que ha dejado muerte.
Este río pasó de ser un caudal que ofrecía a los habitantes de su rivera hasta tres cosechas al año, a arrastrar muerte, enfermedades, desigualdad y negligencia de quienes tienen el poder de revertir su daño.
Isabel afirma que la devastación del Atoyac, inició entre los años 60 a 70, con la llegada de los corredores industriales, rememora:
“Llegaron las autoridades a decirnos que venía el progreso a Tepetitla y nos decían que ya íbamos a usar zapatos, tener carreteras, ya no van a ser campesinos, nos decían… y llegaron las empresas, la primera que llegó fue Volkswagen que abrió carreteras y después llegó Pemex (con la petroquímica Independencia que se ubica en Texmelucan, Puebla, muy cerca de Tepetitla) y por esos años, empezaron a arrojar su drenaje al río”
Fue en 1990 cuando empezó a saberse de casos de cáncer, cervicouterino, leucemia en niños, luego vinieron muchos con problemas mentales en personas de todas las edades.
Tras la muerte de su hija, la señora Isabel se involucró en la defensa del río, hoy pertenece a la “Coordinadora por un Atoyac con vida”, que trabaja con el Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., reconocido por sus más de 20 años de investigación y defensa de la Cuenca del Alto Atoyac, exigiendo que la atención para revertir el daño a este afluente debe ser integral e interinstitucional.
LA LUCHA DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA QUE ENFRENTA LA NEGACIÓN Y SIMULACIÓN DE LAS AUTORIDADES
La directora del centro, Alejandra Méndez Serrano, señala que no hay una atención integral, por el daño ambiental en esa zona del país, “lamentablemente nos enfrentamos a una negativa, a una simulación y a una inacción terrible de la autoridad”, espeta.
Señala que: la contaminación, crecimiento descontrolado de las industrias, falta de información para cuantificar el agua que extraen las industrias, enfermedades que han arrebatado vidas, han sido la constante.
Méndez Serrano afirma que el origen del problema es la instalación de los corredores industriales, que desechan al agua metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, una diversidad de sustancias que ponen en riesgo la vida de la población, “lo cual hemos denunciado ante el Tribunal Latinoamericano del Agua”.
Le llevó a este organismo 6 años investigar y lograr que, en 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconociera, por primera vez, los daños a la salud por la contaminación del agua, al emitir la recomendación 10/2017 sobre la Violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes; en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado el Puebla y de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla en Tlaxcala.
La CNDH concluyó que las principales causas de la contaminación eran: Descarga de aguas residuales municipales e industriales, sin previo tratamiento; Mala disposición y recolección de los residuos sólidos; y Creciente expansión demográfica e industrialización desordenada de la región.
“La CNDH dice, el problema es complejo, y es necesario que la atención a la problemática sea integral, interinstitucional para revertir el daño”, pero ese trabajo por parte de los gobiernos, no se ha logrado.
Un acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de junio de 2014, por la Secretaría de Media Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), establece que: “la creciente demanda del recurso hídrico para las necesidades básicas de sus habitantes e impulsar las actividades económicas de la región, “Implica el riesgo de que se generen los efectos negativos de la explotación del agua subterránea, tanto en el ambiente como para los usuarios del recurso; por lo que es de interés público controlar la extracción, explotación, uso y aprovechamiento del agua subterránea”.
Asimismo, señala que “principalmente en los municipios de Apizaco y Tlaxco, se concentra gran cantidad de las captaciones de agua subterránea, existe una tendencia local al abatimiento de los niveles de agua subterránea, por lo que se podría llegar a una explotación intensiva”.
Añade que los corredores industriales, las actividades turísticas, y el crecimiento de la población, genera competencia por el recurso hídrico subterráneo, principalmente en: Tlaxcala, Yauhquemehcan, Apizaco, Tetla, Xaloztoc y Tzompantepec.
Advierte que, al ser el acuífero la principal fuente de abastecimiento de agua potable para muchas poblaciones como la capital del Estado, de no establecer a corto plazo un ordenamiento que controle la extracción de agua en la totalidad del acuífero, podría rebasar su capacidad de renovación natural, con el consecuente riesgo de sobreexplotación y sus efectos negativos.
Entre ellos cita: disminución, incluso desaparición de los manantiales y del flujo base hacia el Río Atoyac, afectación a los ecosistemas asociados, inutilización de pozos, incremento de costos de bombeo; podría ser un freno para el desarrollo de las actividades productivas que dependen del agua subterránea.
Alejandra Méndez señala que una investigación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de 2008, evidenció que las sustancias presentes en la cuenca son mayores a las que establece las normas y que hay algunas tóxicas, como: Tolueno, Xileno, sustancias tóxicas volátiles, Benceno que es cancerígeno y “La población que vive a menos de dos kilómetros, como lo dice la recomendación, respira permanentemente esas sustancias tóxicas y contrae esas enfermedades”.
Los estudios también han detectado cloroformo y metales pesados como Plomo, Cadmio, Zinc, Arsénico, la misma CNDH señaló que la Conagua no tiene la tecnología para detectar el tipo de sustancias en la cuenca, “su tecnología es obsoleta y por eso no puede medir la totalidad del problema y no puede decir que el problema no existe”.
La activista cita la recomendación 10/2017 de la CNDH, que señala la falta de información de la calidad y cantidad de agua extraída por industrias y las aguas que desechan, de los enfermos en la zona, y de cuánto erogan.
“La CNDH dice que se ha condenado a la población a vivir, por lo menos en los últimos 30 años en la contaminación, y lo que ha ocasionado las muertes de la población, para justificar la instalación de industrias”, refiere.
Sobre la administración gubernamental, encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar, que está por cumplir un año de mandato, Méndez Serrano, afirma “Esperábamos que cambiara el discurso de negación y simulación y lo que vemos es que continúa con la misma acción de las anteriores”.
La activista recriminó que continúa la instalación de industrias, sin un plan integral de saneamiento, con ello dice “Deja ver que poco le preocupa a la gobernadora la garantía de derechos en el territorio, está privilegiando los intereses de la industria… en nombre del desarrollo se privilegia la industria”.
Investigaciones del Centro Fray Julián y de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) da cuenta que la industria, instalada en la cuenca, sólo genera el 20% de empleo con salarios mínimos que no alcanzan para que una familia adquiera la canasta básica y servicios básicos.
La activista añade que la NOM-001-Semarnat-1996 está rebasada y es permisiva, sólo contempla 16 parámetros de contaminación, mientras en la cuenca hay más de 100 sustancias y las más tóxicas no están dentro de la norma, como el Benzeno.
“Hay una declaratoria que pide que las industrias deben cumplir 40 parámetros por lo menos, lo cual no ha ocurrido, la disminución de la contaminación en los acuíferos, no ha ocurrido y los discursos y acciones contravienen los derechos humanos de la población” afirma Méndez Serrano.
El centro Fray Julián Garcés, con datos del Inegi, ha sostenido la presencia de contaminantes que dañan a la población, y que han devenido en casos de leucemia, insuficiencia renal, cáncer, abortos espontáneos, entre otras enfermedades que han terminado con la vida de muchas personas.
En promedio cada dos horas y media falleció una persona por enfermedades probablemente vinculadas con la contaminación ambiental; de 2002 a 2016 fallecieron 26 mil 477 personas de cáncer; 4 mil 379 por insuficiencia renal, y se produjeron 906 abortos espontáneos.
Entre 2015 y 2019, hubo 11 mil 343 decesos por alguna neoplasia maligna; 3 mil 750 de cáncer de colon; mil 348 de cánceres relacionados a la sangre; mil 148 de neoplasias relacionadas de los órganos genitales femeninos, las zonas de mayor mortalidad se sitúan a menos de 7 km de una industria de más de 100 trabajadores.
En su recomendación, la CNDH identificó una alta incidencia de: enfermedades diarreicas, hidroarsenicismo crónico endémico, daño genético y predisposición a desarrollar cáncer relacionada con la exposición a dioxinas y furanos, con potencial genotóxico; y estableció una relación entre la exposición a Compuestos Orgánicos Volátiles y la presencia de leucemia mieloide.
Ante esta situación, RedAccción preguntó al titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coeprist), Francisco Jiménez Campos, sobre la situación de la contaminación del agua y sus consecuencias en la salud de la gente, ante lo cual aseguró que el agua de consumo humano en los municipios de Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla está dentro de norma, y descartó que sea causante de la alta incidencia de insuficiencia renal u otras enfermedades que padecen sus pobladores.
Se jactó al decir “con orgullo que salimos dentro de norma en metales pesados… hicimos un examen toxicológico, que lo vamos a dar a conocer dentro de poco, pero ahorita tranquilícense, el examen que hicimos en sangre a la gente, en los pozos y en los ríos salieron dentro de norma… sí existen contaminantes, pero en niveles bajos, muy bajos, de plomo, cadmio, arsénico, que no son problema para la salud”.
Con la partición de la SMA, Conagua y Semarnat hizo muestreo de agua en pozos y en la corriente del río Zahuapan, en los tres municipios mencionados, y en la sangre de 50 personas de diversas edades, para conocer la calidad del agua de consumo humano y su posible incidencia en las enfermedades renales, dada la grave contaminación del afluente provocada por descargas residuales de empresas ubicadas en su arroyo.
Al referirse a los casos de insuficiencia renal que enfrenta la población aledaña al afluente, afirmó que deberán buscarse en otros factores, “Porque aquí en Tlaxcala, el agua no es un factor”.
Ante esto, Méndez Serrano reprocha que los gobiernos no escuchan a la población tlaxcalteca que vive esa problemática, ni a los investigadores, pero da prioridad a la instalación de más industrias, pero no hay información sobre la responsabilidad de las industrias en torno al tratamiento de sus aguas ni del deshecho de sus aguas a los afluentes de la Cuenca
Entre las empresas asentadas cerca de la Cuenca están: Volskswagen y BASF, ThyssenKrupp, Condumex y Eurovent; empresas metalmecánicas y siderúrgicas, como Rassini y Ternium; petroquímicas, agroquímicas y químicas como Bayer, BASF, Mexichem, de textiles como Global Denim, Tavex, SEAO y Beakert; así como de bebidas, cerámica y de papel como Kimberly Clark, entre otras que se han instalado en los últimos años y meses.
RedAcción buscó información en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), para conocer el trabajo que hace respecto de los requisitos que deben cumplir las empresas o industrias para instalarse en Tlaxcala, sobre todo, respecto del manejo de sus aguas residuales.
En respuesta, se limitó a mandar respuestas escuetas de manera escrita y respondió que “son las que marcan por ley las instancias federales, estatales y municipales”.
Aseguró, sin detallar, que da “seguimiento puntual a las instalaciones y ampliaciones que invierten en Tlaxcala, así como a las que ya se encuentran trabajando, fomentando la capacitación y el buen manejo del vital líquido” así evitó pronunciarse respeto del manejo que las industria hacen de sus aguas residuales.
Las declaraciones de los funcionarios estatales contradicen estudios realizados por investigadores, dependencias del gobierno federal y estatal, y del centro Fray Julián Garcés, “y dejan ver la simulación de las acciones para atender esta problemática social”, critica la directora del Centro Fray Julián Garcés.
Como parte del trabajo que ha hecho, por décadas, el Centro Fray Julián Garcés, generó una Propuesta Comunitaria para el Saneamiento Integral de la cuenca del Alto Atoyac que considera seis puntos:
1) Saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, incluye cauces de los ríos, arroyos, canales y zanjas; 2) Restauración de los suelos en el lecho de los ríos y arroyos, en la ribera y en los terrenos aledaños a la Zona Federal; 3) Prevención, control y monitoreo de la contaminación futura de la cuenca; 4) Diseño y aplicación de un Plan Emergente de Salud para quienes hoy están enfermos debido a la contaminación de la cuenca; 5) Plan de Saneamiento (Con recursos económicos suficientes para llevar a cabo todas sus acciones); 6) Medidas para la reparación del daño ocasionado a las personas, las familias y las comunidades en su salud, economía, cultura y dignidad.
El organismo exigió que las autoridades dispusieran de manera inmediata, a la opinión pública, toda la información en su poder concerniente a la problemática ambiental y de salud de la cuenca del Alto Atoyac.
Demandó que las autoridades responsables de dar respuesta a la Recomendación, aporten los recursos necesarios para crear un sitio electrónico que concentre toda la información disponible sobre el caso de la cuenca del Alto Atoyac.
LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE TLAXCALA ASEGURA QUE ATIENDE LA RECOMENDACIÓN DE LA CNDH
Para saber si el gobierno de Tlaxcala ha dado cumplimiento a la Recomendación de la CNDH, RedAcción buscó la postura de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), la cual respondió que, derivado de la Recomendación de la CNDH, “trabajamos interinstitucionalmente con el Programa de Acciones de Saneamiento (PAS) de la Cuenca del Alto Atoyac en el Estado de Tlaxcala, en un esfuerzo conjunto entre el sector estatal, federal y municipal, para coordinar diversas acciones que contribuyan al saneamiento del Río Zahuapan y sus afluentes”, pero no detalló el tipo de acciones y resultados que tienen.
Justificó que, cada instancia involucrada dispone recursos de sus programas para alinearlos al PAS de la Cuenca del Alto Atoyac, y que en materia de infraestructura, se suscribió un convenio con la Conagua para acceder a recursos federales del PROAGUA, con el objetivo de realizar una inversión conjunta entre ese organismo y Gobierno del Estado, por un monto total de 35 millones 441 mil 468 pesos, considerando que varias acciones correspondían a procesos de gestión, se estipuló la relación de proyectos actualizados para el ejercicio 2022.
Respecto de la verificación que hace a los deshechos de agua que hacen las empresas instaladas en la Cuenca del Alto Atoyac, se escudó en decir que “La acción de verificación la realizan de forma coordinada la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la CONAGUA, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Aguas Nacionales.
La SMA añadió que tiene coordinación con la CONAGUA, la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala (CEAT); el Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, la Secretaría de Infraestructura; Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist); Secretaría de Salud; Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda; Coordinación General de Planeación e Inversión; Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala; y Ayuntamientos considerados en la recomendación de la CNDH.
Contrario a las investigaciones realizadas, en relación a los niveles de contaminación del afluente, argumentó:
“Lo que refiere el agua subterránea, de acuerdo al reporte de CONAGUA emitido en 2020, la mayor parte de los pozos se encuentran en semáforo verde (buena calidad), algunos en amarillo, y sólo los pozos de San José Atoyatenco (Nativitas) y San Juan Bautista (Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos), presentan contaminación”.
Añadió que, “En términos de agua superficial, el río Zahuapan y sus afluentes se encuentran, en su mayoría, con niveles de contaminación, principalmente por materia orgánica, nutrientes, bacterias, parásitos y color, y en menor concentración, por toxicidad y metales”.
La SMA arguyó que para evitar y detener la contaminación en la cuenca Atoyac, a través de la CEAT, imparte concursos, pláticas y talleres para promover la concientización en escuelas mediante el Programa de Cultura del Agua.
Pese a que la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y el Centro “Fray Julián Garcés” exigieron ser incluidos con derechos plenos, en el Grupo Interinstitucional que elaborará el Plan Integral de Saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, las autoridades no los han integrado, ni han tomado en cuenta la propuesta que generaron.
Recientemente, el titular de la SMA, Luis Antonio Ramírez Hernández, sostuvo una reunión con los representantes de esos grupos de activistas, en la que ”mostró buena voluntad”, dijo Alejandra Méndez Serrano, y será en una segunda reunión, en la que haya resultados concretos.
LAS CONTRADICCIONES
Como parte de las exigencias que han hecho los activistas y defensores de los derechos humanos del Centro Fray Julián Garcés, han insistido a la CNDH que vigile la acción de las autoridades en el cumplimiento de la recomendación 10/2017, para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos de la cuenca Atoyac-Zahuapan.
Alejandra Méndez Serrano denunció que existe contubernio de la CNDH con las autoridades, pues a pesar de no haber un plan integral de saneamiento, en el primer semestre de 2022 la CNDH señaló que había un avance en el cumplimiento de la recomendación por parte de las autoridades.
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dejado mucho que desear, y lo que estamos viviendo, es una impunidad permanente, es un sistema impune que no es justiciable y que no le interesa ni siquiera avanzar en la garantía de derechos, y en la justicia para la ciudadanía, los discursos quedan huecos cuando las acciones son contrarias a la ciudadanía”, reclamó la directora del Centro Fray Julián Garcés.
Señaló es que los gobiernos han construido Plantas de Tratamiento de Aguas, que no funcionan, pues en varios municipios las Industrias se conectan a los drenajes municipales, “es el caso de Bayer en Ixtacuixtla, que desecha plomo… el gobierno destina millones pesos para una planta de tratamiento biológico que no desecha los metales pesados”.
Citó que en Tepetitla, invirtieron 22.5 millones de pesos en una planta abandonada porque es imposible que el municipio cubra los costos de funcionamiento.
“La actual administración, quiere ocultar el desastre que están haciendo las Industrias y quiere decir que quién asuma el costo del saneamiento sea la ciudadanía… no estamos en contra de la industria, estamos en contra de la impunidad con la que operan, porque ni siquiera ofrecen salarios dignos, queremos salud y trabajo digno para la población”, espetó Méndez Serrano.
En tanto, las empresas continúan vertiendo sus residuos a los cuerpo de agua, la contaminación crece, el río cambio su canto por lamento, y la población, lucha contracorriente, ante un estado sordo y negligente.
Los años pasan, el problema se agrava, el canto del río se apaga, la gente muere, los oídos siguen sordos al lamento de la Cuenca del Alto Atoyac.