Activistas y familiares de víctimas de violencia en razón de género pidiendo la revisión del actuar de servidores públicos de los módulos de violencia ubicados en Huamantla, Calpulalpan, Apizaco, Tlaxcala y San Pablo del Monte, son los cinco principales, porque en muchos de ellos hubo dilación de las investigaciones, “en algunos no se han judicializado a pesar de tener dos años de investigación y no han alcanzado ni siquiera un juez de control”.
Yeny Charrez Carlos, directora de “Mujeres con Poder”, explicó que hay ministerios públicos los cuales, “no puedo decir que, por ignorantes, sino con toda la intención, no investigaron, y se vislumbra corrupción, además dilataron la impartición y procuración de justicia”.
Aunque no dio un nombre, exigió que, “a la ministerio público de apellido Chinchilla sea retirada, porque es una de las principales que ha ejercido violencia institucional y ha dilatado varias carpetas de investigación, no puede seguir operando una persona como ella dentro del sistema y, sobre todo que sigue revictimizando mujeres, incluso en la recuperación de niños ella ha agilizado sus carpetas de investigación para favorecer a los agresores”.
Después de que ya han entablado reuniones e iniciado acercamientos con la procuradora Ernestina Carro, confió en que “no sean sólo eso, sino un análisis jurídico de las carpetas de investigación, no sólo somos activistas, también somos abogados”.
Respecto de si confían en las nuevas autoridades gubernamentales, dijo que, “mientras sigan los servidores públicos, identificados como aquellos que han dilatado la procuración de justicia, no podemos confiar, queremos que se limpie, sabemos que debe haber un procedimiento laboral, pero si hay datos de que ellos han actuado de manera irresponsable y dilataron carpetas de investigación, tiene que enfrentar un procedimiento de irresponsabilidad como servidores públicos”.
Indicó que hay diez carpetas que coinciden con la dilación en los procesos de impartición de justicia “sobre todo con una ministerio público y hay otra ministerio público que ya no está, pero que dejó hecho un mal trabajo dentro de las carpetas de investigación, daremos los nombres y la procuraduría debe emprender acciones legales contra ellos, porque no sólo pudieron irse y dejar a la intemperie la impunidad, sobre todo en casos de violación y violencia familiar”.
“También estamos esperando en el tema del Poder Judicial cuando agilicen las audiencias por omisiones, las cuales son cuando la víctima o el abogado demanda que el Ministerio Público no está haciendo su trabajo y eso debe ser investigado, que diga cuántas audiencias por omisión tienen para saber cuánta gente no recibe justicia por la dilación y que se inicien las acciones correspondientes de responsabilidad contra los ministerios públicos que no están haciendo su trabajo”, concluyó.
