Los datos que proporcionó, son contrarios a la información que es pública
El 8 de agosto de 2023, se publicó en una agencia nacional de información con presencia en el estado de Tlaxcala, una nota titulada “Solo existe una denuncia en Tlaxcala de maltrato animal: PGJE”. La cual fue retomada por al menos un periódico digital.
El Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), expresa su preocupación al respecto, ya que en información que es pública, se demuestra lo contrario. El OCPA precisa los siguientes puntos:
1. En las declaraciones que se publicaron, la procuradora le mencionó a la agencia que: «En Tlaxcala solo existe un caso denunciado de maltrato animal y es del año 2021, aseguró la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán».
En lo que se refiere a este primer punto. La reforma al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por la que se adiciona el Título Vigésimo Octavo, denominado “De los Delitos Cometidos en Contra de los Animales”, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 30 de diciembre de 2022; la cual entró en vigor al día siguiente.
Por tanto, contrario a lo que declaró la procuradora, en el año 2021 no era posible presentar una denuncia de maltrato animal por la vía penal, pues en dicho año, ese tipo de conductas no se habían tipificado como delito.
2. De igual manera, señaló que: «esta investigación se encuentra avanzada por parte de la policía y peritos y que es el único caso de maltrato animal denunciado y con registro en la entidad».
a) En lo que respecta a este punto, en la respuesta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la solicitud de información pública que presentó como persona física, Jorge Ignacio Martínez Castro, enlace de comunicación del Observatorio Ciudadano de Protección Animal; la PGJE informó que del 31 de diciembre de 2022 al 29 de marzo de 2023, habían recibido una denuncia por delitos cometidos en contra de los animales.
Dicha respuesta, el OCPA la pone a disposición a través de la dirección web: https://is.gd/FEV85b b) También, lo que declaró la procuradora, se contradice con lo que la misma Procuraduría publicó en sus redes sociales el 26 de junio de 2023, tal y como se puede consultar en su página de Facebook, en el link: https://is.gd/zha902 Por lo que, con dicha información pública, se tiene registro en 2023, de por lo menos 2 denuncias por delitos de actos de maltrato animal.
Cabe recordar que en el «Primer diagnóstico de la atención de denuncias por maltrato animal en los gobiernos estatal y municipales», que publicó el Observatorio Ciudadano de Protección Animal, el 2 de mayo de 2023 y que se difundió en diversos medios digitales de comunicación; el OCPA dio a conocer la información que proporcionó la PGJE.
En la respuesta de la Procuraduría a la solicitud de información, contestó que, hasta esa fecha, no había realizado difusión en medios de comunicación y redes sociales, acerca e que ya es posible denunciar delitos cometidos en contra de los animales.
A la fecha, tampoco se ha publicado en medios de comunicación o en las redes sociales de la PGJE, que se haya realizado dicha difusión, ni que el personal de la Procuraduría haya recibido cursos de capacitación impartidos por profesionales en materia de crueldad cometida en contra de los animales domésticos o que la institución cuente con algún médico veterinario legista / perito.
El Observatorio aprovecha para informar que, en próximas semanas, presentará un escrito en la PGJE, dirigido a la procuradora, en el que le solicitará una audiencia con ella o con el funcionario que ella designe; con la finalidad de expresarle de manera directa estos aspectos y transmitirle de parte de la organización Humane Society International México, la disposición de capacitar en la materia al personal de la Procuraduría.
De acuerdo a información del Gobierno del Estado, que fue publicada, dicha organización impartió en mayo de 2023, el «Primer foro en procuración de justicia en materia de bienestar animal»; el cual estuvo dirigido a jueces municipales, a personal de las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), de Educación Pública del Estado (SEPE) y de Impulso Agropecuario (SIA), así como de la Comisión de Atención a Víctimas y Ofendidos (Ceavo), entre otras instancias locales. La única institución que no asistió, fue la PGJE.