Uno de los instrumentos de los que hace uso el Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), para cumplir con la meta que se propone alcanzar, es el acceso a la información pública.

Es por ello que en marzo de 2023 se dio inicio, al enviar veintitrés solicitudes de información a los gobiernos estatal y municipales, recibiendo respuesta de la mayoría. Como lo informó el OCPA, en siete casos se tuvo que recurrir a interponer recursos por la omisión de ayuntamientos ante el lnstituto de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP); en las resoluciones, el Instituto les ordenó entregar la información.

 A la fecha en la que se está cumpliendo el plazo para que las atiendan, tres han respondido; cuatro aún no, por lo que se procederá a imponer medida de apremio. 

En lo que respecta al gobierno estatal, se interpuso recurso de revisión por la declaración de incompetencia por el Despacho de la Gobernadora, la razón de la inconformidad es que el recurrente no está de acuerdo por la deficiencia de la fundamentación en la respuesta; la resolución se dará en agosto del presente.

En una segunda etapa, el Observatorio informa que al 10 de julio, se presentaron cuarenta y tres solicitudes más: dirigidas a la Secretaría de Salud respecto a la esterilización de perros y gatos; a la Secretaría de Educación Pública al respecto de fomentar en los alumnos una cultura de respeto y protección animal; a la Secretaría de Medio Ambiente respecto a información de la Coordinación de Bienestar Animal sobre programas de educación/campañas de concientización y capacitación a funcionarios públicos estatales, cirugías de esterilización, acciones de salud animal, promoción de adopciones, así como asesoría/atención de denuncias por maltrato animal.

También al ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, que publicó su reglamento posterior a la fecha en la que el OCPA recopiló la información para el “Primer diagnóstico de la atención de denuncias por maltrato animal en los gobiernos estatal y municipales” y a 39 ayuntamientos omisos desde noviembre de 2019 en expedir y publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado su respectivo reglamento municipal de bienestar y/o protección animal.

El Observatorio exhorta a estos dos niveles de gobierno, a que cumplan puntualmente con lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tlaxcala.

Cabe señalar que hasta el 13 de julio, los gobiernos estatal y municipales requeridos, pudieron determinar que no eran competentes para responder las respectivas solicitudes de información pública. 

Al no haberlo hecho, se da por cierto que están en la obligación de atender las mencionadas solicitudes. De conformidad a los artículos 45, 116 y 117 de la ley en la materia. Por lo que deberán dar respuesta antes del 16 de agosto de 2023.

Para lograr la protección de los animales domésticos que habitan en el estado de Tlaxcala, es imprescindible que el gobierno cumpla con las políticas existentes. Hay muchos pendientes, entre ellos: que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) trabaje en la implementación del proceso para la atención de denuncias; que desde el Gobierno del Estado se faculte a la Coordinación de Bienestar Animal para que supervise a los ayuntamientos en la emisión de su mencionado reglamento, que los municipios cumplan con la obligación de expedirlos y publicarlos, y ante la omisión de estos; que el Congreso del Estado reforme la Ley Municipal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con la finalidad de que se les obligue a dar cumplimiento a la Ley de Bienestar Animal y de no hacerlo sean sancionados.