Once diputados de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, llevaron a cabo la comparecencia de la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE,) Ernestina Carro Roldán, acto que dejó insatisfecho al legislador Juan Manuel Cambrón Soria, así como más dudas que respuestas respecto al estado que guarda el trabajo de esta dependencia de gobierno.

El diputado presidente de la Comisión ordinaria de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social el petista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, destacó que, las ocho comparecencias que llevarán a cabo es una “serie de ejercicios democráticos sin precedentes en la historia del Congreso local… y es una forma de colaboración y comunicación institucional”, motivo de la glosa del Primer Informe del Poder Ejecutivo, presentado en diciembre de 2022.

Explicó que los diputados enviaron 3 preguntas, previamente a la comparecencia, para que la procuradora las contestara, por lo que se ciñeron a ese formato, el cual impidió que la funcionaria respondiera a los cuestionamientos que le formuló el legislador Juan Manuel Cambrón Soria, de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En los 20 minutos, Carro Roldán, quien juró conducirse con verdad, expuso varios temas, iniciando con el trabajo que realizó para “dignificar” varios inmuebles y garantizar la seguridad de víctimas y trabajadores; presentó cifras en materia de incidencia delictiva, delitos de trata, trabajos en materia de violencia de género, feminicidios, violencia familiar, etcétera.

8 diputados le hicieron tres preguntas, las cuales sirvieron para que Ernestina Carro ampliara o repitiera la información previamente dicha, fue hasta las intervenciones de Cambrón Soria y la legisladora Blanca Águila Lima, que el interés cambió.

Mientras esto ocurría, afuera del recinto legislativo, en la calle, activistas y familiares de víctimas de varios delitos reclamaron que la comparecencia no fuera abierta a todo el público y que hayan cerrado las puertas de la “casa del pueblo”.

La funcionaria estatal detalló que realizaron ingenierías en las diferentes áreas para desarrollar sistemas integrales, para agilizar los procesos de investigación y las carpetas abiertas con las que se cuenta en la dependencia, además de la capacitación y profesionalización de los funcionarios, que permitan tener y ofrecer un trato digno a las víctimas, con pleno desarrollo de habilidades y actitudes, con apego a los derechos humanos.

Pormenorizó que, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los índices delictivos del fuero común, atienden al cambio de los escenarios por la pandemia por COVID19, atendiendo en el año 2018, 6 mil 369 casos; en 2019, 4 mil 411; en 2020, 4 mil 141; en 2021, 4 mil 527 y en 2022, 4 mil 415 casos generales.

Por cuanto el delito de trata de personas, dijo que en 2018 se registraron 21 casos; en 2019, 3 casos; en 2020, 15 casos; en 2021, 2 casos y en 2022, solamente un caso. Atajó que éste es un delito complejo, visualizado como un acto responsable de las autoridades, dado que, es un problema incluso internacional, siendo una tarea de todos los niveles de gobierno de manera colaborativa. Aclaró que el gobierno no invisibiliza el problema y que en Tlaxcala el delito es de origen.

Mientras que, en el caso del delito de feminicidio, señaló, se han iniciado tres carpetas de investigación, puesto que, de acuerdo con Carro Roldán, los mismos se han resuelto de forma casi inmediata, con lo que, señaló las investigaciones de homicidios de mujeres, no se reclasificaban como feminicidios, sin embargo, ahora cualquier muerte de mujer, se investiga con protocolo de feminicidio.

La procuradora informó que en 2022 registraron tres casos, número menor, en comparación con 2018, en el que contabilizaron cuatro casos; en 2019 hubo cinco; en 2020 ocho y en 2021 10.

En la intervención del diputado Juan Manuel Cambrón Soria, señaló que, existe una paradoja en la realidad, de lo expresado por la funcionaria, sobre todo en la percepción de la sociedad, con respecto a la procuración de justicia.

Algunas de las preguntas que formuló el diputado y que no fueron contestadas son: cuánto invirtió en la remodelación de inmuebles; en materia del delito de trata “¿quién miente, (porque) el informe dice cero, hoy usted nos dice uno…; le pregunto procuradora, tenemos o no tenemos un problema grave de trata en la entidad?”

“¿Qué está haciendo la procuraduría para desactivar a las bandas de tratantes, cuántas han desactivado… qué hay en torno a que la Procuraduría trató con los tratantes; qué ha pasado con el caso de Ana Laura N., ¿cómo clasificó la procuraduría la muerte de una empresaria, le pregunto procuradora siguen torturando, siguen lastimando a las personas que se investigan?”.

“¿Reconoce o no reconoce procuradora, la presencia de la delincuencia organizada en Tlaxcala; cuántas personas hombres y mujeres hay al día de hoy desaparecidas en el estado que sean tlaxcaltecas… y finalmente procuradora, ¿cuál es su opinión, está a favor o en contra de que tengamos en Tlaxcala una fiscalía autónoma?”.

Para responder, la procuradora se cobijó en el formato acordado previamente, y sólo contestó lo que a ella le pareció necesario y dijo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala “no tiene una sola carpeta en la que se haya declarado incompetente por delincuencia organizada” y no tienen ninguna carpeta por este delito.

Sobre el tema de feminicidios, “para puntualizar, no miento, los datos que estoy dando son los correctos” y, en torno a si está de acuerdo a que haya  o no una fiscalía autónoma, habló de derecho penal y el sistema acusatorio, pero no dijo si estaba de acuerdo o no”.

Ante estas respuestas, Juan Manuel Cambrón dijo que las respuestas no lo satisfacen, “creo que no habría ningún problema si usted respondiera”.

Por su parte la diputada Blanca Águila Lima, presentó documentos fechados de enero del presente año, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la unidad de transparencia y apertura gubernamental, donde se establece el traslado a otra instancia de los exámenes de control y confianza de la funcionaria, dada su envergadura, sin embargo, esta última confirmó la realización de su examen ante una instancia jurídica diferente a la FGR, sin precisar ante que instancia fue realizado.

Es de recordar que, el uno de febrero tocará el turno del secretario de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal, el día tres comparecerá el encargado de la Secretaría de Infraestructura (SI), Alfonso Sánchez García.

Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública (Sepe), comparecerá el seis de febrero y Javier Marroquín Calderón, encargado de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) el día siete. Mientras que la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, participará el ocho de febrero y el titular de la Secretaría de Salud del Estado (Sesa), Rigoberto Zamudio Meneses comparecerá el 9 de febrero.

Además, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ramón Celaya Gamboa, está programado para el 10 de febrero.