En un comunicado conjunto la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, familiares y amigos de Saúl N., llaman a los jueces del Poder Judicial de Tlaxcala a que juzguen al acusado con perspectiva de derechos humanos e intercultural, pues está privado de su libertad por un delito que no cometió.
Los defensores de derechos humanos, quienes reiteradamente se han pronunciado por la libertad de quien fuera presidente San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chiautempan, y señalan que desde la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el Poder Judicial, el caso tiene inconsistencias y falta de pruebas para acusar a Saúl N., por lo que piden que este 15 de marzo los juzgadores analicen bien para deliberar.
Relataron que el 1 de marzo de 2024, Raymundo Cahuantzi -Tiaxca de su comunidad y defensor del bosque- recuperó su libertad después de más de un año y siete meses de injusto encarcelamiento.
“Les tomó menos de una hora a las juezas Aída Baez Huerta, Rossana Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio deliberar sobre las pruebas que se presentaron en el juicio oral que duró más de ocho meses, para señalar que ninguna de ellas demostraba su responsabilidad en el homicidio del que la Procuraduría de Tlaxcala lo acusó y por el que pedía cincuenta años de prisión para él”.
Mientras que en la misma audiencia, señalan, Saúl N., fue acusado por el delito de homicidio calificado, “para lo cual las juezas señalaron que, como presidente de comunidad, tenía la obligación de resguardar a la víctima y no lo hizo, por lo que por esa supuesta omisión ahora el defensor del bosque de la Matlacuéyetl en Tlaxcala enfrenta una pena de hasta cincuenta años de prisión por un delito que no cometió”.
Consideraron que las juezas “que conformaron el Tribunal de Enjuiciamiento omitieron analizar con una perspectiva intercultural el papel de Saúl N., como presidente de comunidad, elegido por usos y costumbres de su comunidad; la alegada falta de recursos de la policía comunitaria para enfrentar la situación; y, las omisiones en las que incurrieron otras corporaciones de seguridad pública que estuvieron presentes el día de los hechos, como la policía municipal de Chiautempan y la policía estatal de Tlaxcala”.
Agregaron que dichas organizaciones de la sociedad civil recabaron información con la cual constataron que la PGJE no contaba con pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de Saúl N., y Raymundo Cahuantzi en el homicidio del que se les acusaba.
De ahí el llamado al Poder Judicial de Tlaxcala para que juzgue con perspectiva de derechos humanos e intercultural, al tratarse de dos líderes comunitarios pertenecientes al pueblo originario de San Pedro Tlalcuapan, en el municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, cuya labor se centra en la defensa del bosque de la Matlacuéyetl.
Indicaron que, al condenar sin pruebas suficientes a Saúl N., y equiparar la supuesta omisión en la que incurrió al no salvaguardar la integridad de la persona que lamentablemente falleció con un homicidio calificado, “se traduce en la imposición de una pena privativa de su libertad que lo mantendrá alejado de su familia y comunidad por el tiempo que decidan las juezas a cargo de su caso, lo que es percibido como un acto claro de criminalización por su actividad como defensor del bosque”.
“Es por ello que, ante una eventual impugnación de esa sentencia condenatoria y la revisión que las autoridades del Poder Judicial de Tlaxcala, así como a las del Poder Judicial de la Federación, hagan de ella, las organizaciones firmantes hacemos un llamado para que se realice un análisis exhaustivo de esa sentencia y, con base en los más altos estándares en materia de derechos humanos, se ordene la inmediata libertad de Saúl Rosales por la falta de pruebas suficientes en su contra, así como por no juzgar con perspectiva intercultural a una autoridad comunitaria, para que regrese con su familia, comunidad y el bosque por el que ha luchado tanto”.