Integrantes del Movimiento de Personas con Discapacidad en Tlaxcala Personas con discapacidad (MPcD) reprobaron que algunos políticos quieran obtener su registro para algunas de las candidaturas a diputaciones por mayoría relativa y representación proporcional como parte de este grupo prioritario.
Esto después de que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) estableciera las acciones afirmativas, las cuales permitieran a personas que forman parte de grupos prioritarios, contender por un espacio de representación popular en el Congreso local.
El MPcD asentó que quienes integran esta agrupación repudian las simulaciones e intentos de engañar a la ciudadanía, por parte de quienes se quieren registrar afirmando ser parte de este grupo, lo cual puede derivar en subrepresentación y usurpación de espacios que fueron pensados para la población que vive en condición de discapacidad, pues esta situación vulnera su dignidad y atenta contra sus derechos político electorales.
Por tal razón piden al ITE reforzar la vigilancia en el cumplimiento de las acciones afirmativas y a los partidos políticos respetar dichos espacios, «Y a aquellas personas candidatas les decimos, ¿realmente quieren estar en nuestro lugar?».
El comunicado responde a que el ITE reservó el registro a candidaturas de la mayor parte de los partidos políticos, pues no pudieron acreditar que algunos candidatos y candidatas pertenecen a ciertos grupos de atención prioritaria como el de personas con discapacidad.
Entre algunos casos está el legislador con licencia, que buscan la reelección, Lenin Calva Pérez, quien llegó a ser diputado por el Partido Nueva Alianza Tlaxcala y ahora quiere ser candidato por el Partido del Trabajo (PT) y presentó un documento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con inconsistencias y no detalla los motivos por los que se acreditó como una persona con discapacidad, Lizandro Pérez Pérez del mismo partido no comprobó ser una persona con discapacidad permanente.
Casos similares son de cuatro candidaturas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), incluida la del delegado nacional, Jaime Piñón Valdivia; o el caso de la diputada con licencia Reyna Flor Báez Lozano, militante del partido Fuerza por México (FPM), quien presentó documentos expedidos por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), pero no especificó la supuesta discapacidad que dice tener.