Después de la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, difundió la presentación del Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud en la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental del Alto Atoyac, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., y otras organizaciones sociales le recordaron a la mandataria que «la justicia social y ambiental no es sólo una herramienta retórica para adornar su discurso ni una graciosa concesión, sino una obligación del Estado. Resulta oportunista querer apropiarse de una demanda de la ciudadanía, cuando su deber es abocarse a hacer lo que por obligación le corresponde.

La sociedad civil organizada emitió un comunicado en el que señalan que la sociedad civil y academia, que participamos en diálogos para la construcción del Plan integral de atención a la salud, nos mantendremos atentas para que sea implementada adecuadamente.

El 2 de octubre, mediante comunicado de prensa, se dio a conocer que la Secretaría de Salud federal, encabezada por el Dr. Jorge Alcocer Varela, y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, dirigido por la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, presentaron a la gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, el Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud en la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac, Tlaxcala, así como el Primer informe estratégico para la comprensión de la problemática socioambiental de la región de emergencia sanitaria y ambiental de la cuenca del Alto Atoyac y recomendaciones para su atención integral; este último anunciado de manera pública el 29 de septiembre de acuerdo al comunicado de gobierno federal.

Por segunda vez se da la razón a las comunidades afectadas respecto a que existe un vínculo entre la contaminación y la salud. La primera fue a través de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH/10-2017, donde se señaló que “La degradación del medio ambiente, el tratamiento inadecuado de las aguas residuales, el crecimiento desordenado de la industria, los métodos no seguros para la eliminación de los productos químicos y la gestión irresponsable del agua, influyen directamente en la calidad y productividad de los ecosistemas; así como en la salud humana en forma de mortalidad, morbilidad y bienestar”. Ahora el informe presentado por el Conahcyt, mediante estudios científicos realizados en vinculación con integrantes de las comunidades asentadas en la Cuenca, nuevamente establece una relación entre la situación de contaminación de la Cuenca del Alto Atoyac y el estado de salud de las personas que aquí vivimos; al respecto en su boletín de prensa el Conahcyt señala que “La evidencia científica presentada en este primer informe demuestra que estas altas tasas de incidencia y muerte son causadas por la exposición a tóxicos y procesos contaminantes de las industrias asentadas en la región.” Sabemos que este es un informe inicial, por lo que esperamos que, hacia los siguientes años, la información se amplíe respecto a las afectaciones a la salud y la causalidad respecto a los tóxicos industriales.

Por lo que respecta al Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud, que coordinará la Secretaría de Salud Federal, consideramos que puede ser un paso importante siempre y cuando el proceso de intervención y atención sostenga la perspectiva que vincula las enfermedades a las condiciones ambientales, vínculo que hasta ahora no ha querido reconocerse a nivel estatal y por tanto la atención a la salud no se da desde esa óptica. Además, se requiere que se destinen los recursos suficientes para atender el enorme déficit de infraestructura existente en el estado para la prevención y atención de las enfermedades crónicas no transmisibles como son la insuficiencia renal y la leucemia; y, es necesario que hacia adelante se incluyan en este proceso otras enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares y del sistema nervioso que, de acuerdo con las investigaciones también realizadas por los proyectos apoyados por el Conahcyt, se presentan de manera creciente en adolescentes y jóvenes, así como malformaciones congénitas en infantes. Otro elemento importante que debe incluirse en este Plan es una contraloría social y académica que permita observar y proponer mejoras a su implementación de tal manera que no se pierda de vista que se está interviniendo en una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, y que se logre una atención de calidad para las personas que desafortunadamente hoy viven las consecuencias de décadas de industrialización no regulada.

Si el gobierno estatal de verdad reconoce los derechos humanos a la salud y al medio ambiente, como lo señaló en la presentación del Informe y el Plan, deberá por fin atender los problemas de la Cuenca del Alto Atoyac de manera integral. Como parte de ello debe construir una nueva política de industrialización que rompa con las prácticas neoliberales implementadas hasta ahora,  en las que la prioridad es la atracción desregulada de la industria, pues ahora es claro que esa desregulación profundizará los daños a la salud cargando los costos de atención a la salud al Estado, por lo cual se requiere que las industrias adopten nuevas prácticas en el control de sus emisiones y descargas de tóxicos ya sea al aire, al agua o al suelo.

La presentación de este Informe y este Plan no es una casualidad ni advenedizo anuncio político, sino el resultado de más de dos décadas donde la sociedad civil, personas y comunidades afectadas en articulación con la academia, hemos estado señalando y sustentando que la contaminación industrial es la responsable directa de las afectaciones a nuestra salud y la vida. Es resultado de diversos diálogos establecidos durante los últimos dos años entre la Coordinadora por un Atoyac con Vida, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., un equipo interdisciplinario de investigadoras e investigadores que nos acompañan, la Secretaría de Salud y el Conahcyt, en los que expusimos la problemática y las dificultades que hasta ahora han existido para la atención de las personas afectadas.

Le recordamos a la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, que la justicia social y ambiental no es sólo una herramienta retórica para adornar su discurso ni una graciosa concesión, sino una obligación del Estado. Resulta oportunista querer apropiarse de una demanda de la ciudadanía, cuando su deber es abocarse a hacer lo que por obligación le corresponde.

¡Nos hay justicia social sin justicia ambiental!

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, a 3 de octubre de 2023.

Atentamente: Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., Coordinadora por un Atoyac con Vida y Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala.