En el marco del foro Retos para garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento en Tlaxcala –en el que contamos con la presencia del Relator de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento- y de los 6 años de la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV) y la Pastoral Social en su dimensión de Derechos Humanos, manifestamos nuestra preocupación porque hasta la fecha no se han abierto, por parte de la LXIV legislatura del estado de Tlaxcala, espacios formales para que la ciudadanía en general, las comunidades y los comités comunitarios del agua, la sociedad civil organizada y la academia experta participemos en la construcción de una Ley que garantice el derecho humano al agua, a su saneamiento y a su preservación.

Es necesario que la LXIV legislatura del estado de Tlaxcala deseche la iniciativa de “Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala” que se encuentra en comisiones, y elabore una nueva propuesta abriendo espacios para la participación de las comunidades, la sociedad civil y la academia experta de manera que se garanticen los derechos humanos al agua y al saneamiento, así como su preservación.

El Estado -desde todos sus niveles de gobierno-, tiene la obligación de garantizar estos derechos, tal como lo expresó en el Foro el Sr. Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua y su saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas. También mencionó que la realidad mundial es que hay 2,000 millones de personas sin acceso al agua potable y 4,000 millones sin acceso al saneamiento básico, sobre todo en comunidades terriblemente empobrecidas y de las cuales las mujeres y las niñas son las principales afectadas. E indicó que, ante esto, se tienen dos desafíos principales en todo el planeta, por los que también están luchando las comunidades en Tlaxcala:

Primer desafío: Hacer las paces con nuestros ríos y fuentes de agua, con la naturaleza. Aprender el mensaje de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. Hay que recuperar la ingeniería natural, para que tener una naturaleza en buen estado y sostenible no sea sólo privilegio de los ricos. Tenemos que hacer que en todos los espacios se reconozca el agua como una necesidad vital, para recuperar nuestro derecho al agua.

Segundo desafío: Promover el gobierno democrático del agua en todos los lugares. El agua es un bien no apropiable por nadie, no privatizable ni mercantilizable. La privatización es una perversión en nombre del negocio, no de la eficacia; por eso se debe establecer una administración responsable desde la lógica colectiva, bajo un sentido comunitario de la vida.

“No hay que dejar a nadie atrás”, dijo el relator. “Está prohibido cortar el agua.” Cada comunidad debe establecer, con responsabilidad, la cantidad que requiere como derecho de vida para todas y todos no para quienes puedan pagar más.

Y el relator terminó su intervención animando a todas y a todos y reconociendo que avanzaremos con firmeza si la gente se organiza en todos los lugares como lo estamos haciendo en Tlaxcala.

Por su parte, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, en su intervención recalcó que la iniciativa de ley que fue turnada a comisiones, se ha elaborado sin tener en cuenta la realidad del estado de Tlaxcala y la situación socioambiental de la Cuenca del Alto Atoyac, al no considerar:

• Lo documentado en la Recomendación CNDH 10/2017 respecto al nexo causal que existe entre la contaminación de los ríos y la incidencia en enfermedades crónico degenerativas.

• No se integra a un Plan integral de saneamiento de la cuenca.

• Que la cuenca es considerada formalmente por el gobierno federal como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA).

• Que la contaminación más peligrosa es generada por la industria. Investigaciones científicas han detectado la presencia de al menos 102 compuestos de sustancias contaminantes industriales, muchos de los cuales están relacionados con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles.

• No incluye el fortalecimiento de los Comités comunitarios del agua, quienes existen a lo largo y ancho del estado y desde hace varias décadas asumieron la administración del agua potable, con gran responsabilidad y sin el apoyo gubernamental, que esta Ley debería subsanar.

En tanto el Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señaló, abundando en la problemática que expuso el relator, que en México sólo el 1.1% de la población utiliza más del 20% del agua potable disponible. Que se trata de una “hidrocracia elitista muy poderosa económicamente”, que busca a toda costa privatizar el agua y que por 10 años ha bloqueado que se cambie la Ley General de Aguas hacia el enfoque de los derechos humanos, y que están promoviendo leyes locales en este sentido, por ejemplo las de Quintana Roo, Aguascalientes, Puebla, Querétaro y ahora en Tlaxcala.

En particular sobre la iniciativa de ley que se presentó ya en la LXIV legislatura de Tlaxcala, señaló que tiene problemas muy graves como los siguientes: No se orienta al contenido del derecho humano al agua; lo alude sólo como un maquillaje al principio, pero al final más bien se opone al ejercicio de este derecho, cayendo en una situación de inconstitucionalidad e inconvencionalidad. Pretende someter a los Comités Comunitarios del Agua a la lógica municipal. Cae en situación de omisión, al no incluir nada que haga efectivo el derecho a la información de la población. Tiene una clara tendencia privatizadora, favoreciendo situaciones que abren la puerta a la iniciativa privada y, además, establece mecanismos de sanción y criminalización de la protesta.

Y terminó convocándonos: “Tenemos que organizarnos en Tlaxcala y en el país, para que haya leyes para la Vida, no para la industria y no para la iniciativa privada.”

Asimismo, expusieron la situación que se vive en las comunidades, compañeras de Atlihuetzían, Panzacola y Tepetitla, quienes igualmente se dijeron preocupadas por la devastación en la Cuenca y por el riesgo que se enfrenta respecto al acceso al agua y los efectos de la contaminación en la salud.

Por todo lo anterior, y para cumplir los compromisos firmados y ratificados por el Estado mexicano ante la ONU, a lo establecido en la Constitución Federal, la de Tlaxcala y las leyes en torno a la participación ciudadana, el Congreso del estado debe abrir espacios para reuniones de diálogo y discusión mediante las cuales podamos tomar las decisiones que mejor nos convengan, de acuerdo con la realidad que vivimos en Tlaxcala y en la Cuenca.

Como comunidades, organizaciones de la sociedad civil y personas de la academia, daremos continuidad a este proceso hasta que se garanticen nuestros derechos humanos y se restaure de manera integral la Cuenca del Atoyac – Zahuapan o el Alto Atoyac.