La gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, aseguró que, al momento, ha cumplido en un 90% la Recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2017 a los estados de Tlaxcala y Puebla, a la Federación y municipios, por la gravedad de la contaminación de la Cuenca del Alto Atoyac.

Añadió que con la implementación de nuevas plantas de tratamiento de aguas contaminadas, cumplirá al 100% la recomendación, pues en otras administraciones, como la de Marco Antonio Mena Rodríguez, no se atendió la problemática.

En entrevista colectiva, la mandataria estatal dijo que los municipios en los que trabajará su administración, de manera prioritaria son: Natívitas, Ixtacuixtla y Tepetitla, donde implementarán el Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud en la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac Tlaxcala.

En la misma entrevista, Rigoberto Zamudio Meneses, titular de la Secretaría de Salud (SESA), destacó que dependencias federales han hecho estudios que revelan el daño por la existencia de metales pesados que provocan enfermedad renal y leucemias; señalamientos que han hecho, desde hace años, organizaciones de la sociedad civil como el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., académicos y comunidades.

Zamudio Meneses aseguró que en la SESA han impartido cursos y capacitación para la prevención de intoxicaciones y para la detección temprana de enfermedades renales, también dijo que la recomendación de la CNDH ha sido contestada y se encuentra en 90 por ciento de cumplimiento, “pero con la inauguración de nuevas plantas de tratamiento se alcanzará el 100”.

Mientras que Cuéllar Cisneros dijo que, antes de ser gobernadora y de manera particular, pagó estudios para evidenciar la relación de la contaminación del afluente con los males renales en personas.

Habló de las sanciones a empresas contaminantes del agua del Atoyac–Zahuapan, para lo cual, dijo, creó la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), para que en correlación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “haya la posibilidad de implementar sanciones drásticas”.

Recientemente, a través de un comunicado, el gobierno estatal señaló, entre otras cosas, que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) identificó 63 empresas contaminantes, en 36 de ellas se realizaron verificaciones sanitarias, de las cuales 25 son de Tlaxcala y 19 de Puebla; sin embargo, se logró la suspensión de seis y el aseguramiento de dos empresas donde se encontró afectación al ambiente.