El gobierno del estado ha respetado en todo momento los derechos de las personas ante el tema de la vacunación contra el Covid-19, por lo que respeta el amparo que concedió el Poder Judicial Federal a 365 personas que buscaron la protección de la justicia federal para no presentar el certificado de vacunación contra este virus en los espacios públicos, tal como lo establece el decreto emitido por las autoridades estatales para evitar la propagación de esta enfermedad.
El director Jurídico del Gobierno del Estado, Miguel Sánchez Ramírez, mencionó que las autoridades estatales confían en que prevalezca el derecho universal de la salud de toda la población por encima del derecho de libre tránsito que originó el proceso de amparo que obtuvieron las más de 300 personas.
Sánchez Ramírez explicó que por el momento es una suspensión provisional para el efecto de que las autoridades suspendan la solicitud del certificado de vacunación a las personas amparadas que quieran ingresar a centros comerciales, restaurantes, espacios públicos y oficinas de gobierno y otros lugares públicos
“Pero cuando el juez de distrito resuelva la sobre la concesión de la suspensión definitiva, el amparo de fondo o si el recurso de revisión se remite a un tribunal colegiado, las autoridades deben revisar la ponderación de derechos, nuestro punto de vista es que debe prevalecer el derecho colectivo e interés general del derecho a la salud de todos los ciudadanos tlaxcaltecas”, indicó.
Puntualizó que el amparo no exime a todas las personas para no presentar el certificado, solo a las personas que les fue concedido el amparo, por lo que el resto de ciudadanos deben ajustarse a los lineamientos emitidos por el Consejo de Salud estatal para disminuir la propagación del SARS-Cov-2.
Recordar que el Poder Judicial de la Federación (PJF) concedió un amparo a 365 tlaxcaltecas que les permite acceder a centros comerciales, restaurantes, espacios públicos y oficinas de gobierno sin presentar el certificado de vacunación completo contra el Covid-19, como lo establece un acuerdo emitido a principios de este mes por la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros a inicios del presente mes para contener la propagación de Covid-19.
Dicha medida fue impugnada por un grupo de personas ante el PJF y el pasado 22 de enero, el Juzgado Tercero de Distrito concedió la suspensión que aclara que la “medida cautelar no implica que quede insubsistente el Decreto reclamado, sino que únicamente sus efectos por cuanto hace a los ahora quejosos se postergarán en el tiempo”.