El Tribunal Superior de Justicia (TSJE) y el Consejo de la Judicatura del Estado llevaron a cabo la «Cuarta Asamblea Plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia (CONATRIB).

Al respecto la magistrada presidenta del TSJE, Mary Cruz Cortés Ornelas, subrayó que la función primordial de la CONATRIB representa la suma de voluntades para fomentar y fortalecer vínculos de coordinación y cooperación que permitan establecer estrategias para la consolidación de la justicia local.

«Actualmente como impartidores de justicia nos enfrentamos al gran desafío que representa la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por ello el establecimiento de relaciones institucionales, que nos permitan conocer experiencias necesarias para cumplir con su finalidad, que se traduzca en un efectivo acceso a la justicia».

Precisó que, una de las aspiraciones del sistema judicial es que, todas las personas puedan acceder y participar efectivamente y adecuadamente en los procesos judiciales, no obstante se debe reconocer que, existen grupos de personas que enfrentan dificultades específicas, como en el caso de niñas, niños y adolescentes.

Por ello, destacó la importancia del núcleo familiar, resultante esté en el idóneo para el desarrollo integral del ser humano, con lo que resulta fundamental la promoción de los derechos humanos, implicando el ejercicio de protección del goce de los mismos.

«La protección debe ser reforzada, de los derechos de la infancia, implica el reconocimiento de su condición, ese debe ser el eje rector que guíe el actuar de los operadores de justicia en los procesos judiciales en los que intervienen».

El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la CONATRIB, reiteró el adecuado acceso a la justicia y a los procesos plasmados en la Carta Magna, toda vez que, estos se deben materializar cumplimentado la sensibilización, capacitación y fortalecer el interior de los Tribunales Superiores de Justicia, desde el nuevo sistema penal acusatorio hasta los cambios de justicia mercantil, laboral, civil y familiar.

Abundó en la defensa de las mujeres contra la violencia, siendo este uno de los procesos primordiales del quehacer jurídico institucional, pues representa además una obligación del Estado mexicano para la sociedad.

«La perspectiva de género y las medidas de protección se han convertido en una realidad vigente y efectiva para proteger la vida y libertad de muchas mujeres, esta es apenas una evolución de la impartición de justicia en esta materia».