La titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, informó que esta dependencia ha iniciado unas 7 carpetas de investigación al mismo número de funcionarios de esta dependencia por la comisión de probables delitos. 

La funcionaria estatal mencionó lo anterior al asegurar que la dependencia ha aceptado las dos recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por violaciones a derechos humanos, un caso ocurrido en el municipio de Xaltocan donde una perito emitió una necropsia de ley equivocada y otra por un caso de tortura cometida contra un detenido por un caso de feminicidio. 

A pregunta expresa en torno a esas dos recomendaciones, Carro Roldán dijo que, desde el año pasado inició cursos de capacitación “a toda la procuraduría en materia de derechos humanos y de tortura, ya están con su constancia cada uno de los compañeros, se volverá a dar este curso por parte de la CEDH”.

Aseguró que también profesionaliza a los peritos, como parte de las recomendaciones, “estamos invirtiendo, tanto presupuesto estatal como federal en materia de derechos humanos a todo el personal de la procuraduría, así como en temas de género”.

Después de que, en esos casos en los que dos personas perdieron la vida después de ser detenidos, la CEDH señaló que hubo violación a los derechos humanos por parte de personal de la PGJE, la titular de la dependencia aseguró que están en constante revisión “del trabajo de los compañeros”.

Afirmó que evalúa “la eficiencia y la eficacia” de cada uno de ellos y, “evidentemente si existe alguna circunstancia que no esté de acuerdo al marco procesal o constitucional se abren las carpetas por las actas administrativas correspondientes”. 

Sin ser precisa, mencionó que, desde su llegada a la PGJE, “ha habido cambios, renuncias de compañeros, porque ya no quieren laborar en la procuraduría, se han dado otros cambios si nosotros percibimos que no se está actuando dentro de los marcos del derecho”.

Indicó que no ha habido despidos a personal señalado de cometer irregularidades en su labor, “han presentado sus renuncias, porque observan que se les levantó un acta administrativa o hay una carpeta de investigación y ellos toman la decisión, porque tenemos que hacer la investigación puntual”.

Abundó en que si existe una conducta que amerite el acta administrativa, se constituye el visitador en el lugar del funcionario y se levanta la investigación correspondiente, “también si es un probable hecho con apariencia de delito, se abre la carpeta con el ministerio público de funcionarios”.

De este tipo de carpetas de investigación, la Procuraduría ha iniciado unas 7 a funcionarios “y aún cuando tengan la renuncia, la indagatoria continúa y se judicializa ante un juez de control”.

Las actas administrativas se abren porque (los funcionarios) hicieron mal uso de un vehículo, porque estaban con un vehículo fuera de su área laboral, por retardos, faltas y son procedimientos administrativos.

Respecto a las prácticas de tortura por parte de personal de la Procuraduría, dijo que “en esta administración no hemos detectado más actos de tortura, sólo los de la recomendación que tenemos, se ha puntualizado en este tema, se han dado cursos constantes para el respeto de los derechos humanos, porque en la procuración de justicia debe existir el respeto a los derechos humanos y al orden procesal y constitucional”.