Diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos (OCDH) “Observa Tlaxcala”, espacio ciudadano que pone al frente a las personas y surge ante el incremento de violencia, inseguridad, impunidad y corrupción y, por una creciente ola de violaciones de derechos humanos a diversos sectores de la población.
Por tal razón, los integrantes de Observa Tlaxcala desarrollará propuestas de incidencia pública, para observar la política pública estatal y harán análisis, monitoreo y evaluación de las mismas para señalar las acciones que violentan los derechos humanos de los tlaxcaltecas, por lo que fijó un posicionamiento y exige respeto a la dignidad de la población por parte de las instituciones públicas.
El OCDH surge en el marco del aniversario de la conmemoración de los derechos humanos que fue el pasado 10 de diciembre y ante las problemáticas que enfrenta Tlaxcala, por ejemplo en materia de violación a los derechos humanos, como la falta de acceso a la información, un derecho humano que es necesario ejercerlo y defenderlo, sobre todo si se trata del manejo de recursos públicos por parte de autoridades del ámbito municipal, estatal y federal.
Uno de los reclamos es que Tlaxcala forma parte de las entidades que carecen de un marco jurídico apropiado para la defensa de las y los periodistas, y personas defensoras de los Derechos Humanos, por lo que es necesario capacitar a organizaciones de la sociedad civil para dar acompañamiento en caso de ser víctimas por su actividad.
Y reprocharon a la actual administración gubernamental, encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros, que a tres meses de haberse prometido la creación de mecanismos de protección de periodistas, esto no se ha concretado.
Los integrantes del OCDH exige la aplicación de mecanismos de seguridad para toda la ciudadanía, pues criticaron que sólo algunos grupos de poder o económicos, sí cuenten con ellos y los grupos vulnerables sigan esperando tener acceso a la justicia.
También exigen que el presupuesto estatal y municipal para el ejercicio fiscal 2022 sea elaborado con perspectiva de género y de derechos humano, además de que sea justo, equitativo y real para que las instituciones de los 3 poderes de gobierno y organismos autónomos, en coordinación con las instancias federales atienda integralmente a todos los grupos sociales y el Estado garantice el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Los integrantes del OCDH también exigen que la elaboración del plan estatal de desarrollo y los planes municipales sea desde la perspectiva de género y derechos humanos, además deberán ser inclusivos, considerando personas en condición de discapacidad, etnia, diversidad sexual, sexo y edad e incorpore las particularidades de cada sector de la sociedad, todo con la participación de la ciudadanía y de las personas expertas.
Consideran necesario que, sea a través de contralorías ciudadanas la evaluación de las instituciones de los tres poderes de gobierno y organismos autónomos sobre la aplicación de los recursos económicos, ara que este ejercicio no sea unilateral y que esas contralorías sean elegidas a través de convocatorias que cumplan con el principio de máxima difusión y con un margen amplio de socialización.
Afianzaron que su lema de vigilar, proponer y actuar, para que la ciudadanía sepa que no está sola, “y no pedimos de más, estamos exigiendo lo que por derecho nos corresponde: que es transparencia del uso de recursos públicos y respeto a la dignidad humana, “les exigimos a las autoridades que cumplan con lo que le dicta la constitución y los instrumentos internacionales que México ha firmado”.
Entre los integrantes del OCDH están el Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (Cafami), representado por Itzel Polo; Medusa Sufragistas, representada por Indra Cervantes Aguilar; Mujeres periodistas, representadas por Elizabeth Muñoz; Accionarios, representada por Cristián Campos y el Colectivo Mujer y Utopía (CMU), representado por Edith Méndez Ahuactzin.