Durante la presentación del “Informe Nacional sobre Centros de Justicia para Mujeres” en el periodo del año 2018 al 2021, señalaron integrantes de varios colectivos sociales que, solo el cinco por ciento de las víctimas de violencia acuden a algún Centro de Justicia para Mujeres (CJM).
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el setenta por ciento de las mujeres mexicanas han experimentado violencia a lo largo de su vida, veinte por ciento de estas presentó una denuncia, queja o solicitó apoyo a alguna institución, cinco por ciento acudió a un Centro de Justicia para Mujeres (CJM), mientras que, se registró una disminución de la percepción de haber recibido un trato bueno y respetuoso entre las víctimas de violencia de pareja y familiar, por parte de los centros, informó Nancy Carmona Arellano, integrante de la organización EQUIS, Justicia para Mujeres.
En ese sentido, reconoció que el trabajo colaborativo con varias organizaciones civiles, mismas que conforman el Observatorio y Centro de Justicia para las Mujeres, siendo estos un espacio interinstitucional y multidisciplinarios que brindan atención y servicios a mujeres víctimas de violencia
“Compilamos a través de aliadas, testimonios de mujeres que recibieron atención en los CJM, identificamos buenas prácticas, innovadoras, que pretender algo nuevo en relación con otros CJM, que también sean replicables y sostenibles, encontramos, que ya actualmente todas las entidades tienen al menos un CJM”.
Sostuvo, la preocupación en torno al aumento de la demanda de servicios por parte de los Centros y los recursos usados para el funcionamiento de los mismos, así como lo respectivo al mejoramiento de las instalaciones, la adquisición de materiales y mobiliario e insumos para usuarias y sus hijos, combustible, papelería y contratación de personal, además de la vinculación con fiscalías, misa que también genera desconfianza entre las usuarias, al analizar la desconfianza por una idea de justicia relacionada con persecución y sanción del delito (denuncia), aunado al enfoque diferenciado, respecto al registro y reporte de datos, disponibilidad de traductores de lenguas indígenas y ajustes razonables.