Colectivas y activistas en pro de los derechos de las mujeres reprocharon a las autoridades, de todos los niveles de gobierno, que las acciones de la política pública para prevención, atención, investigación y la sanción de de la violencia contra las mujeres, sean insuficiente, ineficientes y sin compromiso.
Después de realizar una marcha en la ciudad de Tlaxcala, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora cada 25 de noviembre y se recuerda los días 25 de cada mes, Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía señaló que las mujeres piden que haya justicia verdadera, reparación integral del daño, garantías de no repetición de las violencias que están asesinando a las mujeres y mantienen acciones de desigualdad, “porque las acciones de simulación y de fotografía no nos sirven”.
Frente a Palacio de gobierno señaló que los gobiernos mantienen deudas para erradicar las violencias son enormes, pues cada año son asesinadas unas 30 mujeres en Tlaxcala, y las víctimas o sus familiares no acceden a la justicia.
Mencionó que las organizaciones que dan acompañamiento a las víctimas de feminicidio, trata, desaparición o las diferentes violencias que viven las mujeres, constantemente comparten información y datos que revelan las realidades que vive este sector social y que no coinciden con las cifras oficiales.
Añadió que delitos como la trata de mujeres, la violencia sexual, la violencia familiar, las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, las uniones forzadas de niñas y criminalización del aborto no reciben la atención necesaria para atender esas problemáticas y que las declaraciones oficialistas no se ven reflejadas en la realidad, porque las víctimas y familiares enfrentan todos los días la incapacidad, falta de profesionalización, indolencia y graves omisiones, administración tras administración.
De ahí que exigieron al Poder Legislativo armonizar las leyes locales con el Código Penal, relacionadas al derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia y que vigilen la aplicación del marco normativo con los más altos estándares internacionales.
Al Poder Ejecutivo exigieron que haya personal capacitado y con experiencia en las áreas correspondientes, para que haya una correcta aplicación y funcionamiento de la política pública de prevención, atención y sanción de la violencia de género en Tlaxcala.
Asimismo, mencionó la urgencia de que las instancias que atienden las problemáticas de las mujeres violentadas sean fortalecidas con recursos económicos y con personal suficiente para garantizar la atención rápida y con perspectiva de género, a mujeres con discapacidad y de la tercera edad.
Al tiempo, las activistas y feministas pidieron la creación de una Fiscalía Especializada para la Investigación del Feminicidio, así como acatar el cumplimiento de la sentencia “Mariana Lima Buendía”, que establece que toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada, desde el inicio, como feminicidio.
En la marcha participaron familiares de mujeres víctimas, así como diversas organizaciones como El Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (Cafami), Medusas sufragistas, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., quienes también pidieron que sea eliminada la posibilidad del proceso abreviado en el delito de feminicidio, al considerarlo un obstáculo más para el acceso a la justicia.
Y exigieron que los llamados “días naranja” que impulsan las instituciones públicas, no sean usados para promocionar a sus instituciones o para simular, pues se ha convertido en “un performance”, lo que es un recordatorio de una lucha histórica que busca una sociedad igualitaria.