La magistrada presidenta del Poder Judicial, Mary Cruz Cortés Ornelas, llegó a comparecer ante diputados del Congreso local sin datos precisos, pues a varias preguntas que le formularon los legisladores, contestó “no conozco con precisión esos datos”, “no tengo con exactitud esos datos” o “no tengo números exactos”.

En lo que han llamado “hecho histórico”, se llevó a cabo la comparecencia del Poder Judicial, ante el Poder Legislativo, presidido por la Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mary Cruz Cortés Ornelas, acompañada de magistrados y de integrantes del Consejo de la Judicatura.

Ahí Cortés Ornelas expuso una numeralia de acciones hechas en el año pasado, basadas en cuatro ejes: La cultura de la paz; fortalecimiento de atención a niñas y niños; inclusión y acciones para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres.

Habló de que celebraron decenas de convenios, acuerdos y cursos de capacitación a los servidores públicos que integran el Poder Judicial, “indispensables para garantizar una impartición de justicia pronta, imparcial y expedita” y del número de sesiones en el Pleno.

En la comparecencia los diputados le cuestionaron sobre lo que denominaron un subejercicio de casi 80 millones de pesos en su presupuesto de 2023, a lo que contestó que no es un subejercicio, pues “finalmente tiene que ver con cuestiones técnicas que en este momento no tengo el conocimiento específico”.

Fue el diputado perredista, Juan Manuel Cambrón Soria, quien le comentó que, su informe de labores correspondiente a 2023, fue un documento cosmético, más que sintético, pues no expuso el avance que se esperaría.

Le dijo que “hay quejas que plantean abogados, colectivos y víctimas, en torno al desempeño de los jueces en la impartición de justicia… con un largo acumulado de críticas al sistema”. 

Le señaló que, al 27 de diciembre de 2023, hubo en el Poder Judicial un subejercicio de recursos de 79 millones 756 mil pesos, y como respuesta Mary Cruz Cortés dijo desconocer “de manera específica”, por qué no ejerció ese recurso .

“Lo hemos platicado los integrantes del Consejo de la Judicatura con nuestra área técnica y no es un subejercicio como tal, finalmente tiene que ver con cuestiones técnicas que en este momento no tengo el conocimiento específico, pero que también tiene que ver con las licitaciones que estamos por iniciar, que son procedimientos que no todos están en nuestra cancha, porque habría que reunir los requisitos necesarios para una licitación”, respondió la magistrada presidenta.

A este cuestionamiento se sumó la diputada Blanca Águila Lima, al señalar que el  subejercicio “habla de cierta desorganización, de falta de planeación, pues apenas van a pensar qué hacer, les falta ocupar los recursos en el tiempo en el que han sido destinados, porque reitero si no, ya no habrá justificación para solicitar un aumento, porque si fuera en otra instancia, tendrían que reintegrar esos fondos a la tesorería”.

Blanca Águila mencionó que ese recurso debieron ejercerlo desde el inicio de 2023 y no definir, a finales de año, a qué sería destinado.

Para dar una mejor respuesta, la consejera de la Judicatura, Violeta Fernández Vázquez, mencionó que esos casi 80 millones de pesos, serán usados en las licitaciones y obras para la construcción de diversas salas de oralidad, así como la Casa de Justicia en San Pablo del Monte, entre otras acciones.

El diputado presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Ever Alejandro Campech, le preguntó sobre el número de procesos contra ex funcionarios municipales por la no aprobación de su cuenta pública, a lo que la presidenta del Poder Judicial respondió que no tenía “con exactitud esos datos”.

Pero dijo que “es importante destacar y, creo que es un dato importante para todos en esta mesa, que se encuentra una persona responsable de peculado o algún delito, justo por la desviación de recursos o por la no comprobación de los recursos públicos, con una medida cautelar de prisión preventiva. La intención es que como Poder Judicial hagamos el trabajo que nos corresponde y que cualquier servidor o servidora pública que haga mal desempeño de las funciones, en algún momento, pueda responder por ella”.

La presidenta señaló que el Poder Judicial firmó un convenio con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), en el sentido de que las personas postuladas no deben encuadrar en el supuesto que establece la Constitución federal en torno a que sean deudores alimentarios, que hayan ejercido algún tipo de violencia, llámese familiar, política o sexual… “El compromiso que hicimos en la firma de este convenio fue proporcionar la información que requiera para poder cumplir con su función de organización del proceso electoral. De manera mensual dotaremos de la información que nosotros debemos proporcionar para que pueda seguir con las etapas del proceso electoral”.

A la comparecencia también asistieron la magistrada y el magistrado Anel Bañuelos Meneses, Fernando Bernal Salazar, así como las Consejeras integrantes del Consejo de la Judicatura, Edith Alejandra Segura Payán y Violeta Fernández Vázquez. 

Así como las diputadas Reyna Flor Báez Lozano, Marcela González Castillo, Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Mónica Sánchez Ángulo, Gabriela Esperanza Brito Jiménez, Diana Torrejón Rodríguez, María Guillermina Loaiza Cortero, Blanca Águila Lima, Maribel León Cruz y los diputados Jaciel González Herrera, Vicente Morales Pérez, Ever Alejandro Campech Avelar, Jorge Caballero Román, Rubén Terán Águila, Fabricio Mena Rodríguez, Lenin Calva Pérez, Juan Manuel Cambrón Soria, José Gilberto Temoltzin Martínez y Bladimir Zainos Flores.