Javier González Corona

El 5 de febrero de 2024 el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, envió al Poder Legislativo un conjunto de 20 reformas. Éstas, de acuerdo a la ideología, tendencia partidista y por intereses económicos, políticos y sociales, serán defendidas y avaladas o en su caso criticadas y rechazadas por quienes integran los grupos parlamentarios y la propia sociedad civil.

De las Reformas propuestas destaca la del Poder Judicial; uno, por tocar a uno de los tres poderes que conforman al Estado y dos, por ser considerada fundamentalmente una renovación estructural que generará una justicia más ágil y eficiente; acorde con los cambios sociales y culturales forjados en los últimos años para cumplir con la sociedad mexicana, principalmente con los más olvidados, quienes exige una justicia expedita, clara, económica y honesta. En su contenido, lo más destacado es la elección de ministros, jueces y magistrados mediante voto popular, misma que se realizará en dos etapas: primera, en el año 2025 se elegirá la mitad de esos cargos; la segunda, en el año 2027. Así mismo, dicha reforma les quita al Poder Ejecutivo y Legislativo la facultad de proponer; reducir los salarios de la élite del Poder en comento, que se contrapone al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, establece que habrá tiempo límite para dictaminar un juicio; uno más, sustituir a los ministros, jueces y magistrados corruptos; otro, frenar el recurso de amparo; otro más, reducir de 15 a 12 años el tiempo de ejercicio y reducir el número de Ministros de 11 a 9; así también considera eliminar el nepotismo, aunque sea dentro de 30 años pues todos los familiares tienen plaza de base. En términos generales, la nueva Reforma pretende terminar con la extrema corrupción existente en ese poder.

Las 20 reformas surgen como parte del llamado plan C difundido por el presidente nacional a través de las Mañaneras y posteriormente enviadas al Poder Legislativo para su análisis, discusión y en su caso aprobación. Cabe destacar que el plan C fue parte de la campaña de Morena a nivel nacional en las elecciones del 2 de junio del 2024, en consecuencia, al lograr una votación arrasadora tanto para la presidencia de la República como de diputados y senadores, se sobreentiende que la población también votó para la ejecución del plan C.

Ante ese compromiso con la ciudadanía, los diputados y senadores tuvieron que agilizar todo el proceso para aprobar la reforma, no faltando actuaciones teatrales y tele novelesca por parte de algunas y algunos senadores de la actual oposición, pero al fin fue aprobada; enviándola a los estados de la República para su aprobación, logrando 24 aprobaciones de los 32 Congresos existentes. Por su parte, el Congreso tlaxcalteca que se conforma de 25 diputados y diputadas, 21 votaron a favor y 4 en contra. Quienes no estuvieron de acuerdo fue Blanca Águila Lima, quien tiene una representación independiente, después de renunciar al PRI; Sandra Guadalupe Aguilar Vega del partido MC; Miriam Esmeralda Martínez Sánchez del PAN y Laura Yamili Flores Lozano del PRD.

Los partidos políticos de oposición, élite del Poder Judicial y grupos opositores a la Reforma, entre ellos un gran número de familiares, están utilizando los medios de comunicación tradicionales (tv, radio y prensa) para echar abajo la Reforma a través de varias consignas: “se perderá la democracia”; “los empresarios extranjeros y nacionales ya no invertirán en el país”; “el narcotráfico tomará el Poder Judicial”; “el peso ante el dólar caerá estrepitosamente”; “se perderá la independencia y soberanía nacional”; “Estados Unidos y Canadá romperán relaciones comerciales con México”; “el pueblo es ignorante, sino sabe elegir con quien casarse, cómo va a elegir a un ministro”, entre otras. Todas esas frases catastróficas y ridículas, más bien se traducen en deseos para que se hunda el país y así, justificar sus argumentos apocalípticos.

Esos vaticinios por parte de quienes se oponen a la Reforma, tendríamos que interpretarlos como un temor de los dueños de grandes capitales y de sus vasallos, a perder sus beneficios y canonjías. El Poder Judicial por años, les ha servido otorgándoles amnistías y/o amparos para no pagar impuestos, para salir de la cárcel, para explotar ríos, mares y tierras sin un control ecológico y ambiental; etc.

Las otras 19 reformas refieren a temas sociales, económicos y políticos que también benefician a la población mayoritaria de mediana y menor economía: 1, reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público; 2, pensión para adultos mayores y personas con discapacidad; 3, becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad; 4, atención médica gratuita; 5, reforma en la propiedad y renta de la vivienda para que la población logren un patrimonio inmobiliario; 6, prohibir el maltrato a los animales; 7, mejorar el medio ambiente, evitando el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, así como quitar las concesiones para la actividad minera a cielo abierto; 8, un mejor uso del agua, otorgando únicamente concesiones para uso doméstico; 9, prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo; 10, ampliar el catálogo de los delitos que requieren prisión preventiva; 11, salarios mínimos; 12, revertir las reformas de pensiones de Ernesto Zedillo en 1997 y la del 2007 de Felipe Calderón ya que afectaron a los trabajadores inscritos en el Seguro Social y del ISSSTE; 13, salario a jóvenes; 14, apoyo al campo; 15, retorno de los trenes de pasajeros; 16 energía eléctrica; 17, reforma electoral para reducir los gastos destinados a campañas y a partidos políticos; disminuir el número de regidores; eliminar las candidaturas plurinominales, quedando el Congreso de la Unión con 300 diputados en lugar de 500 y el Senado con 64 en lugar de 128; 18, guardia nacional y 19, desaparición de órganos autónomos, reubicándolos a otras secretarías. Sin duda, cada una de estas Reformas requiere de un análisis y comentario particular, por lo que prefiero hacerlo en otro momento.

Con las 20 Reformas Constitucionales se da un cambio radical al sistema político nacional, rompiendo con la estructura ideológica-política del modelo neoliberal aplicado desde los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado; Carlos Salinas de Gortari, quien lo aplicó de una manera más drástica y severa, concesionando un sinnúmero de empresas del estado a privados y lograr la concentración de capitales en pocas familias, aumentando el número de pobres de manera extrema; Ernesto Zedillo quien privatizó los ferrocarriles, ejecutó el Fobaproa, cambió a todos los ministros pensionándolos con un alto pago, hasta llegar a Enrique Peña Nieto, junto con los dos sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón quienes se caracterizaron por ser gobiernos de alternancia partidista, sin ninguna trascendencia a favor de la población mayoritaria.

Las Reformas Constitucionales permiten un acceso real de la sociedad a los derechos que le corresponde como principales protagonistas de la democracia; así mismo, permiten una independencia y autonomía de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) con el poder económico. El contubernio de los gobiernos neoliberales con el poder económico se convirtió en un dique para el desarrollo del país. Sin embargo, el proyecto iniciado desde hace ya varios años y consolidado a partir de 2018 con el triunfo de una corriente de izquierda, ha logrado una conciencia social a partir de una politización de la ciudadanía en general.

Las acciones del gobierno actual dieron certidumbre y credibilidad, ya no con discursos de esperanza sino con hechos. Por tal razón, el 2 de junio la población le apostó a la continuidad de un gobierno de izquierda. Sin embargo, ahora sin la presencia del líder carismático, se espera que el proyecto continúe a favor de esas mayorías. La virtual presidenta electa y próximamente Constitucional, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene el compromiso y responsabilidad de superar a su maestro político. Su experiencia de haber gobernado una alcaldía y la Ciudad de México, además de su formación política y académica, le permiten tener una amplia perspectiva para gobernar favorablemente la nación mexicana; aunque la participación de todos siempre será necesaria o ¿Usted qué opina?

PD. 

Los cambios a mitad del periodo gubernamental de Lorena Cuéllar Cisneros fueron oportunos y necesarios. Seguramente algunas y algunos pensaron que con su presencia en pachangas y asumiendo actitudes prepotentes y autoritarias con sus colaboradores y público en general, les permitía cumplir con su responsabilidad administrativa y directiva: se equivocaron. Sin embargo, algunos todavía actúan de la misma manera y no han sido removidos, como en el COBAT donde directivos poblanos, desde el general y de algunos planteles tienen el mismo problema. Seguramente la gobernadora ya está enterada al respecto, pues docentes y personal administrativo, han expresado su descontento de manera pública. Por otro lado, las organizaciones sindicales (STACOBAT y STAICOBAT) tienen el momento coyuntural para fortalecerse y mostrar de qué lado están.