Comuneros de Amaxac denunciaron presunto fraude por parte del Comisario comunal en turno, Cruz Crescenciano Espinosa Guaneros y del presidente del Consejo de Vigilancia, Tomás Hernández López, a quienes acusan de manejar de manera irregular recursos por alrededor de 11 millones de pesos.
Los comuneros afectados refieren que, de mayo de 2019 a la fecha, no han rendido cuentas sobre la explotación de la mina de tezontle y tepetate ubicado en la población de San Bernabé, aunque estima que al menos se han comercializado alrededor de 14 mil viajes de recursos pétreos de la mina.
La comunera, Gloria Hernández Hernández, aseguró que además del manejo irregular de 11 millones de pesos, existe una serie de irregularidades en el actuar de las delegaciones del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria, por lo que advirtió que, de ser necesario, llegarán hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver constitucionalmente el problema.
Los quejosos evidenciaron una serie de presuntas irregularidades, cometidas por el tesorero de la asamblea Donato Cortes Hernández y que el comisario comunal Cruz Crescenciano Espinosa negó haber recibido dinero de empresas por la compra de materiales pétreos, aunque existen peritajes de la legitimidad de la firma del presidente del comisariado.
Refirió que no ha entregado cuentas de más de 10.7 millones de pesos, el global entre las dos empresas, no tiene para donde, y no quiere entregar, y aquí la omisión que cometió la procuraduría agraria, porque hay un problema grave en la procuraduría agraria.
Agregó que oficinas centrales de la Procuraduría agraria tienen conocimiento, pero en Tlaxcala hay un conflicto de intereses dentro de la misma dependencia, “pese a tener conocimiento del fraude, y de esto ya tiene conocimiento el procurador nacional; a la gente de Tlaxcala nos responden con humillaciones, el jefe del departamento jurídico nos humilló, nos dijo que nosotros éramos argüenderas, se aprovecha se aprovecha porque somos gente ya mayor y adulta”.
A esta situación se suma que, el comisariado comunal en turno, Cruz Crescenciano Espinosa Guaneros reabrió un proceso jurídico de indemnización de la explotación de la cantera por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 53 de las 88 hectáreas que conforman el polígono de la comuna, y por un error en el juicio se enfrentan a un proceso de expropiación en el que se les quiere pagar en 0.91 centavos por metro cuadrado.