Padres, madres, hermanos de víctimas de diferentes delitos como feminicidio, trata, desaparición, así como detenciones y encarcelamientos injustificados, entre otras cosas, expusieron sus casos para exigir que las autoridades estatales les hagan justicia, porque son días, meses, años en que han peregrinando en juzgados, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y otras dependencias, incluido el despacho de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, donde sólo han encontrado indolencia, indiferencia, injusticias y hasta probables casos de corrupción.

Acompañados de activistas, los familiares de las víctimas exigieron justicia el foro denominado “Testimonios de la Red de Víctimas de Tlaxcala” que tuvo lugar en el Congreso del Estado, organizado por la Red Estatal de Víctimas.

El evento reunió a asociaciones, colectivos y organizaciones civiles, con la finalidad de unir las voces de víctimas diversas para exigir a las instituciones priorizar a los grupos históricamente vulnerables y evitar la intromisión de terceros en los procesos jurídicos y judiciales.

Efrén López, integrante de la Red Estatal, señaló que los legisladores tienen la oportunidad de unirse a la causa que busca hacer más oportuna el acceso a la justicia, por lo que se deben revalorizar los conceptos desde los medios de comunicación y la manera en que se transmite la información de diversos delitos, incluidos los feminicidios.

El también ex alcalde de Cuapiaxtla, rememoró las situaciones registradas por parte de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en el caso del posible feminicidio de su hija Cecilia N. en mayo del año pasado, y de quienes señaló como responsables de hacer uso discrecional del manejo de información de la carpeta integrada en el caso.

“Estamos exigiendo y el gobierno es responsable de dar una pronta, rápida, expedita y gratuita impartición de justicia, a mi hija le quitaron la vida por seis disparos por la espalda y todavía tenemos que estar luchando, integrando todas las pruebas y nos encontramos con servidores públicos indolentes, que luego quieren ocultar pruebas”.

Además, pidió a la CEDH a hacer un verdadero acompañamiento a las familias de las víctimas, pues se han encontrado con muchos obstáculos en la impartición de justicia, ante lo que reveló que esta asociación ya cuenta con más de una treintena de integrantes, con lo que afirmó se realizarán más actividades.

“En esta red éramos tres, ahora somos más de treinta los integrantes, personas a las que el gobierno no ha ayudado, feminicidios, personas detenidas, desaparecidas… nosotros hicimos una caminata y el gobierno no salió a decirnos nada, en la entidad mucha gente está viviendo la injusticia día a día, nosotros queremos que lo que estamos viviendo no se le repita a nadie más”.

En su intervención, Maricela Rocha Méndez, madre de Maricela Itze Parada Rocha, mujer de 40 años que, se encuentra presa y acusada de diversos delitos por parte de su expareja Rigoberto N., señaló a este hombre como responsable de manipular a la justicia, dado que se abrió una carpeta de investigación por presunta violencia familiar en contra de la fémina, para posteriormente iniciar otras por los presuntos delitos de abuso de confianza, robo y lesiones, por lo que en mayo de 2021 se vincula a prisión preventiva oficiosa a Maricela Itze, por lo que desde entonces se encuentra presa en el Centro de Reinserción Social de Apizaco.

“Aun estando mi hija en prisión su ex pareja la ha acusado de abuso de confianza, daños, robo en el cual yo también fui acusada, mi esposo también estuvo acusado, falsificación de documentos, pérdida de patria potestad y no conforme la vuelve a acusar de seis nuevos delitos; abuso sexual, exposición a incapacidad de menores de edad, lesiones, violencia familiar y nuevamente delitos en contra de la formación de personas menores de edad”.

También Laura N., víctima de violación, acusó a diversos jueces de cambiar el delito por la calidad de tentativa y en los últimos meses de aplicar una medida cautelar a su agresor, por lo que se dijo temerosa de realizar sus actividades ante la libertad de su atacante.

“Los ministerios públicos no son empáticos con las víctimas, no tienen esa empatía, porque ellos están yo creo que hasta coludidos con los agresores… lamentablemente la persona que me violó cuenta con todos los recursos económicos y a veces es ese detalle, porque las víctimas estamos desprotegidas”.

Algunas de las personas que, con lágrimas en los ojos y rabia contenida, relataron su historias reiteraron su petición a la gobernadora y a la procuradora, Ernestina Carro Roldán, que realmente les garanticen el acceso a la justicia, indicaron que no se están revictimizando, sino que insisten en sus llamados para que sean atendidos.