El Colectivo Mujer y Utopía (CMU) se unió a las voces de activistas que piden al Poder Judicial de Tlaxcala que juzgue con perspectiva de género en el caso de Keren Sesly Ordoñez, mujer originaria del estado de Veracruz, quien hace 8 años fue detenida “arbitrariamente” por policías ministeriales de Tlaxcala.

En sus redes sociales, el CMU recordó que el pasado 11 de diciembre se cumplieron 8 años de “la detención arbitraria de Keren Sesly Ordoñez por elementos de la Policía Ministerial de Tlaxcala y la extinta Policía Federal. Hoy Keren continúa luchando por su libertad por un delito que no cometió”.

Por tal razón, continúan haciendo el llamado al Poder Judicial del estado de Tlaxcala a tomar en cuenta las irregularidades que hay en este proceso  y juzgue con perspectiva de género, para que “Keren recupere su libertad”.

De acuerdo con parte de la narrativa de este caso, hecho por el Centro Pro Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez A.C.” los agentes policiales le quitaron a Keren a la bebé de sus brazos y las subieron a un vehículo oficial sin explicarles el motivo de la detención. 

Los activistas de esta organización refieren que la patrulla, Keren fue sometida a golpes, asfixia y amenazas de lastimar a su hija. Incluso los agentes hicieron referencia a que, como la bebé aún no contaba con un acta de nacimiento, nadie se percataría de su ausencia; es decir, amagaron con desaparecerla. 

“Keren y su bebé permanecieron cuatro horas en las instalaciones de la Fiscalía General de Veracruz, esta institución incluso realizó un certificado de integridad física a la bebé, en donde refieren que se examinó a una niña de un mes de edad, en calidad de detenida”.

Agregan que, en total, desde la detención hasta la puesta a disposición ante el Ministerio Público de Tlaxcala, Keren y su bebé pasaron 11 horas incomunicadas y sujetas a más violencia y violaciones a sus derechos humanos”.

En ese tiempo Keren fue interrogada sobre un secuestro acontecido al interior de la casa donde se encontraba su ex pareja, mientras continuaba siendo  amenazada con causarle daño a su hija, por lo que fue obligada a firmar una declaración fabricada en la que reconocía haber participado en el secuestro, realizando labores de cuidado. Horas más tarde, las autoridades ministeriales entregaron a la bebé al DIF estatal, sin dar aviso previo a algún familiar.

En el caso de la hija de Keren, las autoridades no tomaron en cuenta el interés superior de la niñez, ni tomaron acciones inmediatas para salvaguardar la salud e integridad física y emocional de la bebé, como localizar a algún familiar o a una institución especializada en derechos de niñas y niños que pudiera hacerse cargo de su cuidado y protección ante la situación de su madre.

Las autoridades ministeriales no dieron aviso previo a algún familiar. La hija de Keren permaneció 12 días lejos de su familia, hasta que la abuela materna logró que se la entregaran.

Keren fue expuesta a medios de comunicación, exhibida como “secuestradora”. Se difundieron sus fotografías, su nombre completo y lugar de origen, lo cual viola el principio de presunción de inocencia.  

Además, vivió discriminación y falta de perspectiva de género en su proceso, ya que las autoridades del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala analizaron los hechos y pruebas del caso, ignorando la especial situación de vulnerabilidad en la que se encontraba Keren al momento de su detención, así como las distintas violencias de género de las que fue víctima.