De manera coordinada, diversas organizaciones civiles, instituciones académicas y activistas, llevaron a cabo la mañana de este viernes el foro denominado: “Contaminantes presentes en el aire, agua y suelo de la Cuenca del Alto Atoyac”, en la que se abordó la problemática del medio ambiente en dicha región, a través de la mirada de investigadores y académicos.

Luego que, se determinara por parte del Gobierno Federal a la Cuenca del Alto Atoyac como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) a través de la Secretaria de Salud (SESA), Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR) y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), y tras el abandono de la SEMAR en las actividades, las otras dependencias continuaron trabajando con las comunidades de manera directa, por medio de los Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (PRONAII).

En estos trabajos se buscó conjuntar acciones a efecto de formular y conducir políticas participativas en materia de salud ambiental y restauración ecológica y ambiental, encaminados a proteger la salud de la población y reestablecer el equilibrio ecológico con la intervención de colectivos y comunidades, además de organizaciones representativas de la población afectada, sumado a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Entre las acciones a destacar se encuentran; establecer las RESAS y actividades prioritarias para su atención, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas por situaciones de emergencia ambiental, impulsar, desarrollar y fortalecer proyectos, actividades e instrumentos de política publica vigilando el cumplimiento de la normativa ambiental y de salud, promover las medidas preventivas y correctivas correspondientes en cuanto exista un peligro potencial o presuntivo de daño ambiental grave o irreversible, entre algunos más.

Con base al seguimiento realizado por las organizaciones civiles para el cumplimiento de dichos acuerdos y en el marco de la normativa aplicable al proceso, se logró la recomendación 10/2014 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además de construir la propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la Cuenca Atoyac – Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades, elaborando el primer informe estratégico que a su vez sirvió de base para la elaboración del Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud de la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac.

En los informes presentados se deja muestra de la inacción por parte de los organismos gubernamentales y el poco interés por el resarcimiento del daño ambiental y por ende, del daño a la salud de la población, generándose las condiciones de alto riesgo que ahora privan en la región.

De la misma forma se han sumado a estas problemáticas la criminalización de personas defensoras del medio ambiente, mismos que incluso enfrentan procesos judiciales, sumado a la actividad industrial que ha encontrado en la inacción de los gobiernos emisiones de contaminantes que a la luz no han sido verificados, prohibidos o castigados; entre las industrias se encuentran los ramos automotriz, eléctrico, químico y textil, y los tóxicos más importantes son metales pesados, metaloides, compuestos orgánico–sintéticos y plaguicidas vertidos y emitidos al agua, al suelo y al aire.

Lo que ha devenido en una alta tasa de enfermedades, además del aumento de la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas principalmente en las Enfermedades Renales Crónicas (ERC).

Ante los datos las organizaciones civiles han exigido a las autoridades reconocer la situación de emergencia sanitaria y ambiental que se vive en la región, cumpliendo el mandato ciudadano en el desarrollo de las funciones que les corresponden, además de ordenar la cuenca de manera íntegra y con la participación de los habitantes, fortalecer el Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la salud, garantizar una política que favorezca el derecho humano a una alimentación sana y protección del agua, biodiversidad en la cuenca, evitar las actividades agropecuarias que usen plaguicidas y sustancias nocivas, presentar iniciativas en torno al cuidado del agua, reconocer legislativamente a los comités comunitarios del agua, en su carácter de autoridades responsables, evitar los procesos de urbanización salvaje, implementar políticas reales en materia de prevención, valorización y gestión integral.