Javier González Corona
Uno de los problemas más preocupantes para cualquier grupo social y su
gobierno, es la seguridad ciudadana, entendida como “la acción del Estado para
garantizar la seguridad de los ciudadanos mediante el proceso de establecer,
fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de
violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica”. Es
importante que no la confundamos con la seguridad social que la Real Academia
Española la define de la siguiente manera: “Es el sistema público de prestaciones
de carácter económico o asistencial, que atiende necesidades determinadas de la
población, como las derivadas de la enfermedad, el desempleo, la ancianidad,
etcétera”. En esta ocasión nos ocuparemos de la primera.
Uno de los primeros compromisos que tuvieron las primeras Ciudades-Estado con
la ciudadanía fue la de proporcionarle seguridad, con el fin de que ésta pudiera
desarrollar sus diversas actividades económicas, políticas, sociales y culturales
con paz y tranquilidad; así tener mejores condiciones de vida.
En las culturas prehispánicas la clase gobernante siempre se preocupó, así lo
señalan los cronistas, por otorgar seguridad a la población en su vida social,
productiva y religiosa. Una muestra fiel de ello fueron los grandes mercados:
Tlatelolco, Texcoco, Ocotelulco y Tepeaca, entre otros; donde los comerciantes y
consumidores cumplían su rol mercantil con seguridad y tranquilidad. Así, la
actividad comercial se convirtió en un factor determinante para el crecimiento y
esplendor de cada uno de esos grupos sociales.
La seguridad ciudadana a través de los años se fue convirtiendo en una
problemática más compleja por varios factores: crecimiento demográfico; descuido
en el proceso educativo; carencias económicas; falta de interacción social;
distanciamiento entre los entes del poder político con la población; aparición de
monopolios económicos; falta de empleo; falta de recreación sana y formativa y
por la conformación de grupos delictivos (pandillas), hasta llegar a los cárteles;
entre otros. Según Thomas Hobbes “el ser humano es malo por naturaleza, de
modo que para poder convivir se necesita un poder absoluto, una ley autoritaria
que controle el impulso agresivo…[y] egoísta de todos…”. Por otro lado, Jean
Jacques Rousseau afirmó que “el hombre es bueno por naturaleza, pero lo
corrompe la sociedad…” en lo personal comparto lo que este último filósofo
señala; sin embargo, los factores antes señalados en este mismo párrafo
participan de una manera determinante para modificar la conducta de los
individuos.
La ciudadanía sabe que una parte de sus impuestos son utilizados por el estado
para otorgar seguridad a la ciudadanía. También reconoce que algunos
integrantes del poder judicial cayeron a graves faltas: nepotismo, amiguismo,
compadrazgo y principalmente corrupción; tanto a nivel nacional, estatal y
municipal. Ello propició que ese poder en todos los niveles de su estructura, fuera
perdiendo eficacia en su ejercicio, confianza y credibilidad por parte de la
ciudadanía. Esto último fue percibido ampliamente por la población, sin embargo,
por temor, amistad, familiaridad o simplemente conveniencia, las personas
prefirieron optar por el mutismo y en consecuencia complicidad voluntaria e
involuntaria.
Según algunos medios de comunicación, en Tlaxcala y resto país, se está dando
un gran número de robos y asesinatos, entre otros delitos, esta información en
varios casos con extremo amarillismo está creando entre la población una psicosis
de temor e incertidumbre. Habría que ser un poco más analítico y crítico al recibir
la información con esas características. Es notable la falta de seguimiento e
investigación a los delitos por parte de las autoridades correspondientes; salvo en
algunos casos, cuando -curiosamente- la persona afectada cuenta con una
economía solvente, tiene contactos políticos o tiene un familiar cercano dentro de
la estructura judicial.
En días recientes, el gobierno estatal, presidentes municipales, la guardia nacional
y el poder judicial han iniciado un proyecto para acabar o por lo menos limitar,
todos esos actos de violencia suscitados en el estado tlaxcalteca. Para tal efecto,
se determinó, por regiones, efectuar reuniones de trabajo denominadas: Mesa de
Construcción de Paz y Seguridad. Sus resultados y estrategias acordadas las
estaremos valorando como ciudadanía en próximas fechas.
Considero que la problemática estatal, sin quitarle responsabilidad, tiene un reflejo
nacional, veamos: el Procurador General de la República Alejandro Gertz Manero
mantiene un relax laboral desde que fue nombrado hace 6 años y únicamente
supimos de él cuando resolvió un problema de su familia y hasta ahí. Asimismo,
hemos sido informados de cómo jueces y magistrados han dejado libres a
delincuentes de alta peligrosidad y otros más de los llamados de “cuello blanco”.
Por otro lado, una parte de ministros (8 de 11) que integran la Suprema Corte de
Justicia en lugar de abocarse a su trabajo de juzgadores, están ocupados la mayor
parte de su tiempo, en buscar alternativas de cómo echar abajo la Reforma del
Poder Judicial, promulgada por el presidente de la República Andrés Manuel
López Obrador después de haber cumplido con todos los requisitos protocolarios
que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y más aún,
estar avalada por la ciudadanía con su voto el 2 de junio del 2024 mediante el plan
C. Ante el intento de los ocho magistrados de echar abajo la reforma, varios
especialistas en temas constitucionales afirman que no existe ningún elemento
jurídico que avale su inconstitucionalidad. En consecuencia, tal parece que su
intención ya no es jurídica por parte de los ocho ministros, sino política; es decir,
tratan de encontrar un motivo contra ellos, para victimizarse y así, poder recurrir a
organizaciones internacionales a quejarse y pedir apoyo; tal como ha sucedido en
otros países de Centro y Sudamérica con gobiernos de izquierda, donde ante
alguna “supuesta” acusación, han intervenido esas instituciones internacionales
desconociendo al gobierno en turno e imponer un gobierno a “modo”, de acuerdo
con los intereses de los grandes capitales nacionales y extranjeros.
En México, si nos damos cuenta, quienes integran la parte opositora al gobierno
actual, únicamente cuentan con el Poder Judicial (ocho) a su favor, por ende,
tratan de cualquier manera de no perderlo, pues perderían a quienes les han
otorgado canonjías por años; dos ejemplos: el dueño de Elektra ya no tendría
quien le ayude a no cumplir con su obligación tributaria; y el mayor propietario de
minas en el norte del país, ya no podría pagar salarios ínfimos, nula seguridad a
los trabajadores y seguir contaminando ríos y medio ambiente en general.
Sin duda, la seguridad ciudadana a la fecha, se ha convertido a través del tiempo
en un severo problema nacional y estatal; afortunadamente existe la confianza con
el nuevo proyecto de la presidenta Sheinbaum que considera cuatro aspectos
básicos: 1.-atención a las causas. 2.- consolidación de la Guardia Nacional. 3.-
inteligencia y 4.- coordinación. Por otra parte, la Gobernadora Cuellar Cisneros
debe retomar la seguridad ciudadana como prioridad; en poco más de tres años
que le restan de gobierno, puede influir en los presidentes municipales entrantes
para que incluyan a la seguridad ciudadana como prioridad y les haga reflexionar
que la población requieren de policías comprometidos y capacitados para cumplir
con su trabajo y no contraten a quienes les deban apoyo político, ni mucho menos
ofrezca empleo “aunque sea de policía”, ya no estamos para eso o ¿Usted qué
opina?
PD
Es lamentable constatar como un documento señalado como requisito para algún
trámite, difiera de una dependencia a otra con valía legal, ejemplo: la Secretaría
de Movilidad y Transporte acepta como comprobante de domicilio: recibo de CFE,
teléfono fijo, servicio de cable (aunque la empresa sea privada, “curioso”) y pago
predial. En la Secretaría de Finanzas, acepta los tres primeros documentos menos
el del predial ¿Acaso esa disposición es un acto caprichoso de “alguien” o simple
práctica burocrática?
A partir del primero de octubre de 2024 el país está viviendo un momento
histórico: tener a la primera presidenta de la nación mexicana y el número 66 de
quienes han ocupado ese cargo a partir de Guadalupe Victoria. Sin embargo, la
doctora Claudia Sheinbaum Pardo tiene una principal enemiga: la misoginia. Sus
opositores, aunque tratan de ocultarla, se percibe inmediatamente… y eso que
lleva pocos días de mandato.