Javier González Corona

En fechas recientes la candidata electa Claudia Sheinbaum Pardo propuso como parte de su proyecto de gobierno, evaluar el uso de 18 mil kilómetros de vías férreas para reutilizarlas. Las mismas que fueron privatizadas por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien en 1995 presentó una iniciativa al Congreso de la Unión para modificar el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e iniciar con el proceso de concesión a terceros, es decir, la operación y explotación de los Ferrocarriles Nacionales de México por parte de inversionistas privados. La primera vía férrea concesionada fue la línea que corre de Chihuahua al Pacífico, a la fecha se le conoce como el “Chepe”.

Para antes de la privatización, los ferrocarriles transportaban acero, azúcar, minerales, fertilizantes y grandes cantidades de granos agrícolas, entre otros productos, sin embargo, las empresas privadas que lo utilizaban en todo momento se quejaban de su opacidad en cuanto a tiempo de traslado, costos, seguridad, etc., en consecuencia, minimizaban su servicio, invirtiendo en medios de transporte carretero e incluso aéreo para transportar sus productos. Sus pretextos fueron suficientes y definieron al ferrocarril como uno de los medios de comunicación con muy baja rentabilidad económica y funcionalidad pública; motivando y en algunos casos, exigiendo al gobierno federal se deshiciera de él. A fin de cuentas, lograron su cometido y así pudieron hacerlo suyo. Además, forzaron al gobierno a invertir en carreteras, puertos y aeropuertos para sustituir al ferrocarril (supuestamente inoperable); mientras, los empresarios invertían también en autobuses, aviones y embarcaciones marítimas.

En manos de las empresas privadas el ferrocarril comercial se duplicó, de un 12% al 25% tanto en el mercado nacional y exportación. Es decir, lo no rentable (supuestamente),ya en poder de ellos (empresarios), los resultados fueron otros. Un refrán los describiría: “No dan paso sin guarache”

Según la información proporcionada por diferentes medios de comunicación, las primeras líneas ferroviarias a recuperar serían: México-Querétaro-León-Aguascalientes; México-Querétaro-Guadalajara; México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo y México-Puebla-Veracruz. La recuperación de esta última junto con el ramal Apizaco-Puebla, beneficiaría a diversos municipios del estado tlaxcalteca: centro-sur; Apizaco, Santa Cruz Tlaxcala, Amaxac de Guerrero, Santa Ana Chiautempan, La Magdalena Tlaltelulco, San Luis Teolocholco, Zacatelco, Panzacola y Papalotla. Poniente; Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxco con sus comunidades -San Andrés Buenavista, San Lorenzo Soltepec y la Magdalena Soltepec-, Hueyotlipan y Calpulalpan. Oriente; Huamantla, Cuapiaxtla y el Carmen Tequexquitla. Cada comunidad y municipio cuenta con una estación de abordaje y descenso, desgraciadamente la mayoría de ellas en condiciones lamentables, pero aún con una destacada arquitectura y gran carga histórica, que al habilitarse servirían para la compra de boletos y la espera del tren; también para montar un micro museo donde el usuario conozca la historia de la población y del propio ferrocarril, pretendiendo de alguna manera, lograr conocimiento e identidad cultural. Un ejemplo, es el realizado en el año de 2004 en la estación del municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala.

Por muchos años la población tlaxcalteca añora recuperar el servicio ferroviario junto con sus estaciones; incluso lo han solicitado a candidatos gubernamentales durante su campaña y estos últimos se han comprometido, sin embargo, nunca cumplieron. El actual gobierno estatal de la Cuarta Transformación tiene la oportunidad de ser la excepción.

Estamos en un momento donde los medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo (comercial, turístico y de pasajeros) sean considerados por parte del gobierno federal, fundamentales en el desarrollo económico y social del país. La construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Aeropuerto de Tulum, Tren Maya y el Tren Interoceánico, son un ejemplo de ello.

Históricamente el tren en los siglos XIX y XX fue un medio de comunicación que permitió activar la economía y dar un servicio de transporte comercial y de pasajeros favorable. ¿Podrá nuevamente en el siglo XXI hacerlo lo mismo y mejor? Considero que sí, sin dejar de visualizar lo siguiente: uno, recuperar las concesiones otorgadas a empresas particulares de vías y maquinaria ferroviaria; dos, construir nuevas líneas férreas; tres, comunicar a través del ferrocarril a los 32 estados de la República con trenes de alta tecnología; cuatro, permitir la inversión de pequeñas, medianas o grandes empresas privadas; siempre y cuando se comprometan y cumplan sus obligaciones -salariales, prestaciones, etc.- con los trabajadores; además del pago de sus impuestos correspondientes al SAT; cinco, desaparecer la corrupción de empresarios, directivos, administrativos y de algunos trabajadores ferrocarrileros que con el fin de recibir ciertas canonjías, olvidan principios, valores y conciencia social, laboral y sindical.

En Europa y Asia los ferrocarriles han sido la punta de lanza para su desarrollo económico y de transportación turística nacional y extranjera. En nuestro país, la recuperación del ferrocarril significa la reactivación económica y de transportación poblacional, es decir, a través de rieles puede estar el desarrollo que por años hemos esperado los mexicanos y de manera específica los tlaxcaltecas o… ¿Usted qué opina?

PD.

La Reforma al Poder Judicial enviada por el presidente de la República al Congreso de la Unión, se está discutiendo a nivel nacional. ¿Qué respalda al Poder Judicial por años? Nepotismo, enriquecimientos inexplicables (fideicomisos), corrupción, chantajes, racismo, clasismo, etc., por parte de quienes están encargados de la justicia social. El periodista Jesús Lemus en su libro “El Cártel Judicial”, describe con claridad, producto de su investigación periodística, lo que a través de los años se ha convertido el Poder Judicial: “Pareciera que el Poder Judicial ha sido secuestrado y ello lo ha convertido en una cofradía de letrados, hombres y mujeres, que se olvidaron de la más alta encomienda, la de impartir justicia, solo para entregarse a la defensa de intereses particulares, a veces propios, a veces ajenos, siempre alejados de lo constitucional… En México no existe ni un antecedente en donde un juez, un magistrado o un ministro sean [por lo menos] reconvenidos por su actuación jurídica derivada en la violación de uno o más derechos fundamentales de las personas…” págs. 9 y 67.