Impulsan autoridades acciones que incrementan la devastación socioambiental en Tlaxcala, denuncia sociedad civil organizada

Asociaciones de la sociedad civil exhiben violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades y dependencias en el XI Congreso Ciudadano por el Medio Ambiente

Integrantes de 25 organizaciones de la sociedad civil denuncian que, en las últimas décadas, los gobiernos han impulsado acciones que incrementan la devastación socioambiental, por lo que rechazan proyectos como el Autotrén o la propuesta de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del estado de Tlaxcala.

Lo anterior en el marco del XI Congreso Diocesano por el Medio Ambiente, la dimensión de Derechos Humanos de la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala, diversas organizaciones civiles, colectivos y grupos comunitarios, denunciaron que la devastación socioambiental es resultado de un proceso de industrialización sin controles adecuados para el uso de los recursos y la emisión de sus contaminantes al agua, aire y suelo.

Al emitir un posicionamiento, las organizaciones manifestaron, que, a pesar de  que el gobierno federal ha reconocido la Cuenca del Alto Atoyac como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, “en el estado de Tlaxcala no existe un Programa Integral para su restauración y, por el contrario, se impulsan acciones que incrementan la devastación socioambiental, que provocan la reincidencia y agudizan la violación a los derechos humanos por parte de autoridades y dependencias”.

Tal es el caso de  la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del estado de Tlaxcala, presentada en el Congreso del estado, la cual ha sido rechazada por la sociedad civil, investigadores y académicos, porque tiende a mercantilizar el agua, es inconstitucional, desconoce las formas tradicionales de participación comunitaria para la gestión del agua y criminaliza la protesta social.

Por lo que, entre las exigencias de las organizaciones está que se suspenda el proceso de análisis que sobre la Ley se está haciendo en Comisiones, y que el Congreso estatal espere a que termine el proceso de trabajo y definición de la nueva Ley de Aguas Nacionales, para garantizar que la ley estatal esté en armonía, respete y se sujete a la consideración de que el agua y el saneamiento son derechos humanos individuales y colectivos.

Así como establecer las acciones a realizar por parte del ejecutivo, industrias y organismos responsables, para la recuperación de los mantos acuíferos, considerando que el porcentaje de recuperación de los mantos debe ser mayor y/o igual a la extracción que realizan la industria y los municipios, para garantizar el abasto del agua para la vida y fortalecer la experiencia comunitaria en la administración de su agua, brindando información adecuada, clara y de forma accesible, impulsando la participación en la toma de decisiones y apoyando el trabajo de los Comités Comunitarios del Agua.

Las exigencias fueron firmadas por cuatro mil 771 personas con las siguientes características: mil 797 fueron hombres y dos mil 947 mujeres, 27 no indicaron su sexo. Las firmas corresponden a personas de 52 municipios de Tlaxcala y en solidaridad, la Ciudad de México y Puebla.

Criticaron que no exista una restauración integral de la Cuenca y que, en su lugar, “se impulsen proyectos de inversión industrial y/o que solo buscan cuidar la imagen de la capital, como el denominado Autotrén eléctrico”, por lo que ya solicitaron a la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, cancelarlo por ser innecesario e ineficiente

A esas exigencias se sumaron, también a través de sus firmas dos mil 953 personas de 50 municipios, quienes exigen al Poder Legislativo atienda los derechos humanos en la creación de una nueva Ley de Aguas de Tlaxcala.

Al Ejecutivo le exigen detener la propuesta de Autotrén, además, demandaron que deje de utilizar la fuerza pública ante las protestas sociales y deje de criminalizar a las personas defensoras del medio ambiente, como ha sucedido con los defensores del bosque Saúl Rosales Meléndez y Raymundo Cahuantzi Meléndez, quienes forman parte del pueblo originario de San Pedro Tlalcuapan, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala.

Las organizaciones demandantes son: Asociación Civil Aguas Limpias por Texcalac; Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco; Centro de Economía Social Julián Garcés; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local; Colectiva Ecofeminista Mujeres Cannábicas Tlaxcala; Colectivo Atlihuetzian en Resistencia; Colectivo Tetepesiwameh; Comité de Derechos Humanos Los Jicotes; Coordinadora por un Atoyac con Vida; Grupo Cihuatl; Grupo de catequistas Parroquia de San Juan Apóstol de San Juan Huactzinco; Integraciones Socioambientales Tlalizami; Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala; Pastoral Social de San Marcos Contla, Papalotla de Xicohténcatl; Pastoral Social Metepec, Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe de La Loma, Tlaxcala; Pastoral Social Parroquia de Cristo Resucitado de Tlaltepango, San Pablo del Monte; Pastoral Social Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Chiautempan; Pastoral Social Parroquia de San Antonio de Padua, de Acuamanala de Miguel Hidalgo; Pastoral Social Parroquia de San Bernardino de Siena, Contla; Pastoral Social Parroquia de San Juan Totolac; Pastoral Social Parroquia de San Luis Obispo de Teolocholco; Pastoral Social Parroquia de San Martín de Porres de Apizaco; Pastoral Social Parroquia de San Miguel Arcángel de Tenancingo; Pastoral Social Parroquia de Santo Toribio Xicohtzinco; Red Estatal de Víctimas del Estado de Tlaxcala.

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