Para el Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, el problema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual es una problemática sigue siendo grave, pero las autoridades encabezadas por la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, aparentan un desconocimiento de esa realidad, lo cual raya en lo absurdo.
Alejandra Méndez Serrano, directora del organismo, asentó que la trata sigue siendo es una violación permanente y sistemática a los derechos humanos de las mujeres en Tlaxcala y las autoridades siguen minimizando la situación, por lo que el problema no solo persiste sino que se agrava, porque se queda en declaraciones mediáticas y las autoridades no aterrizan políticas públicas efectivas al respecto.
Al aludir la reciente sentencia penal que recibieron, en Estados Unidos, tratantes tlaxcaltecas, originarios de Tenancingo, refirió que “la gobernadora y su gobierno tenía la oportunidad de hacer frente a esta problemática, y lo que vemos es que este problema sigue sin ser atendido de manera adecuada ni integral, lo que refiere esta denuncia y la sentencia contra tratantes tlaxcaltecas en EEUU da cuenta de lo que dolorosamente se ha estado denunciando desde hace más de 15 años”.
También refirió las declaraciones hechas por la gobernadora en la reciente visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que ha disminuido en 83 por ciento la trata de personas, “pero los diagnósticos reflejan que eso no es real”.
Asimismo, criticó las declaraciones hechas por el secretario de gobierno, Sergio González Hernández, en su comparencia pública ante legisladores locales, al asegurar que en Tlaxcala no hay delincuencia organizada, “eso es gravísimo, porque estamos hablando que operan las redes de trata y no es de la actual administración sino que vienen de años y no reconocer que hay redes de tratantes permite que sigan operando con impunidad y al parecer con presunto contubernio con los entes del Estado”.
De igual forma, señaló las declaraciones de la procuradora del estado, Ernestina Carro, quien señaló que sólo en 15 de los 60 municipios del estado se registra el problema de trata, cuando desde 2008, Patricia Olamendi, en un estudio que le encargó el gobierno del estado de ese periodo, en colaboración con los Institutos estatal y nacional de la mujer. se reveló que ya había presencia en 23 de los 60 municipios y el Centro Fray Julián ha investigado y refiere e problema en 40 de las 60 demarcaciones.
También consideró como una declaración desafortunada la de la alcaldesa de Tenancingo, Micaela Guzmán Guzmán, quien negó la existencia de trata en su jurisdicción.
“Es preocupante que haya desconocimiento, desinterés o connivencia de los funcionarios encargados de atender esta problemática, no la aceptamos, porque hemos propuesto un programa estatal contra la trata y hay oídos sordos por pare de la administración gubernamental que no entiende que este problema no sólo se mide por las denuncia que hay ante la PGJE o la FGR».
Alejandra Méndez refirió que cuando las víctimas denuncian, en Tlaxcala más del 90 por ciento de denuncias quedan en la impunidad y tardan hasta 6 años para lograr una sentencia, mientras que el Estado sigue sin responder.
“Para la sociedad civil es inadmisible que el presidente del Consejo estatal contra la trata, que es el secretario de gobierno Sergio González, quien debe coordinar los trabajos y esfuerzos para atender esta problemática y debe tener todo el conocimiento muestre un desconocimiento y asegurar que no hay delincuencia organizada en la entidad”, criticó.
Asimismo, reclamó que el Consejo Estatal contra la trata de personas no haya aprobado el programa estatal contra esta problemática para el periodo 2021-2027, “no se ha convocado al consejo, quien debe dictar la directriz de política pública y con esas declaraciones es terrible”.
Insistió en que el acceso a a justicia para las víctimas de trata es nulo, pues de 2011 a 2020 existieron, según la PGJE, 179 víctimas de trata y 54 detenciones en Tlaxcala, y las víctimas deben esperar hasta 7 años para alcanzar la justicia, además de que no hay garantía del estado para su protección.
Y centrarse sólo en las denuncias “es un desconocimiento, ignorancia, desinterés, falta de voluntad política y hasta confabulación con las redes de trata para permitir que esto continúe, “la gobernadora dijo que haría frente a la problemática de trata, pero eso implica conocer la realidad, sumar los esfuerzos de la ciudadanía, tomar en cuenta a la academia y por lo menos debe sentarse a discutir nuestra propuesta del programa estatal porque está basado en la experiencia, datos de la realidad y en la experticia de quienes han seguido esta problemática”.
“La actual gobernadora tiene la oportunidad de hacer frente al problema, pero si empieza con la política de la simulación es preocupante, creemos que frente a la sentencia de los Melendez Rojas en EEUU, es urgente reconocer que el acceso a las justicias por parte de la víctimas no sucede en Tlaxcala”, indicó.
Para el centro Fray Julián Garcés es urgente que el secretario de gobierno convoque al consejo estatal contra la trata y que se construya un plan articulado de acciones, no acciones aislados, sino con la participación de la sociedad civil y la academia, implementar políticas que reduzca a la población masculina de explotadores o que demanden el consumo de víctimas, porque ellos sostienen esta flagelación y este problema.
También faltan hay acciones para las familias, porque se requiere una atención integral a víctimas sobre prevención para completar los diagnósticos de explotadores y proxenetas, un programa educativo de estudiantes, profesores y padres e familia, un programa de educación continua para prevención de violencia hacia las mujeres, ejercicio de la sexualidad responsable, y el ejercicio de las masculinidades no violentas, atender el tema de redes sociales, entre otras cosas.