Con el objetivo de discutir y analizar la iniciativa de ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Tlaxcala, la tarde de este miércoles, se realizó en el Patio Vitral del Poder Legislativo el foro respectivo.
Al respecto la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, Diana Torrejón Rodríguez, destacó la generación de “mesas plurales” entre diversos organismos y dependencias para robustecer las propuestas hechas en materia.
“Desde la presidencia estamos sumando un proyecto de iniciativa que recoja todas las necesidades en torno a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, solo podremos garantizar su seguridad y libertad para informar, hemos hecho estas mesas y participaciones para lograr un camino que pueda cimentar el buen trabajo”.
Resaltó que la iniciativa representa una oportunidad para consolidar el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión, toda vez que, se tiene como legisladores una responsabilidad de trabajar para construir un Tlaxcala más justo, participativo y considerado.
Posterior al mensaje de la legisladora, se procedió a la realización del foro cuya finalidad es generar un documento final para su lectura ante el pleno del Congreso del Estado, por medio de expertos en diferentes áreas de los derechos humanos y el periodismo, quienes indicaron la aplicación y robustecimiento de planteamientos de las necesidades primordiales para la realización de la labor periodística y de defensoría.
Llamaron con urgencia la erradicación de la violencia contra los periodistas y defensores, el respeto irrestricto a la libre manifestación y libertad de opinión, pidieron un estado con visión de derechos humanos, sin discriminación, con trato igualitario y no en estado represor y violento, por lo que, dicha ley debe establecer transparencia en los procesos de quienes integran los consejos, organismos y dependencias en materia.
Ante lo cual, el panelista Luis Antonio Torres Osorno presidente fundador de la organización Fuerza Izquierda Progresista, reprochó el actuar de la administración estatal la madrugada de este miércoles en contra de los integrantes del denominado Frente Unido por la Defensa de los Derechos Laborales, al encontrarse en plantón frente a Palacio de Gobierno, manifestando su negativa a la “privatización del servicio médico”, quienes fueran desalojados por elementos de los cuerpos de seguridad de manera violenta.
“Queremos que, específicamente se vea cómo es que ese instrumento que se está creando, realmente nos va proteger a las personas que defendemos los derechos humanos, porque hemos visto que desde el inicio de este gobierno, dirigido por Lorena Cuéllar que hay mucha incomprensión y no hay voluntad política para hacer efectivos estos derechos, hay distintos sectores que ejercen el derecho a manifestarse por una necesidad y la respuesta ha sido represión para esos sectores, entonces no hay respeto por los derechos humanos” apuntó Lucrecia Ortega Sánchez, integrante de la asociación regional Liberación en Pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos.
Las activistas Yeny Charrez Carlos y Eréndira Jiménez Montiel concordaron en cuestionar los recursos invertidos y la aplicación correcta de estas para garantizar de facto y contar con ello una ley que sea perfectible al paso del tiempo y no la intervención del gobierno para impedir las medidas de protección, además del análisis concreto de temas de avanzada, para conformar una Ley que sea eficiente y contundente en su misión por la lucha de la justicia.
Por su parte, el presidente de la mesa directiva de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), Pablo Morales Cruz, dijo: “estamos luchando por una ley que sea beneficiosa por cada uno, desgraciadamente en las reuniones hemos visto casi nula participación de los compañeros y compañeras, si analizan la ley en su origen tenía una propuesta de designar a través del secretario de gobierno, las organizaciones de periodistas solicitamos que sea autónoma, a través de un proceso legal que designe al representante de la oficina, a su vez se solicitó que se tuviese un presupuesto especialmente para la operación, que no dependiera de quien está en el poder” expresó.